Ante las reiteradas interrupciones del suministro eléctrico y los reclamos por fluctuaciones de voltaje que han afectado a distintos sectores de la Región de Magallanes en el último tiempo, la empresa distribuidora Edelmag apuntó al trasfondo de la crisis operativa y, sobre todo, cómo pretende financiar el plan de modernización de su red.

El recién asumido gerente general de Edelmag, Guillermo Rojas, abordó las exigencias del sistema y encendió el debate sobre el impacto que esto tendrá en el bolsillo de los usuarios: "La tarifa tiene que financiar los planes de crecimiento de la red", afirmó el ejecutivo al referirse a la necesidad de respaldar las inversiones que permitan asegurar la continuidad y calidad del servicio en la zona austral.

Las palabras del máximo ejecutivo de la eléctrica local abren de inmediato una interrogante que golpea a los hogares y comercios magallánicos: ¿Es legal que las empresas financien sus obras de infraestructura cobrando tarifas más altas a los clientes? ¿Quién regula esta ecuación?

Lo que dice la ley: Un monopolio regulado por el Estado

En Chile, el mercado de la distribución eléctrica opera bajo un régimen de monopolio natural: como no es eficiente tener dos o tres tendidos eléctricos compitiendo en la misma calle, Edelmag es el único prestador autorizado en la zona. Para evitar cobros desmedidos o abusos de posición dominante, la empresa no puede fijar los precios de las cuentas de luz a su arbitrio.

La tarifa eléctrica que pagan las familias en Magallanes está estrictamente regulada y normada por la Ley General de Servicios Eléctricos (DFL N° 4).

Cada cuatro años, el Ministerio de Energía —a través de la Comisión Nacional de Energía (CNE)— realiza el denominado Proceso de Fijación Tarifaria de Distribución. En esta instancia pública y técnica, el Estado calcula el llamado VAD (Valor Agregado de Distribución), que es el costo eficiente de operar, mantener y, efectivamente, reponer y expandir la red eléctrica.

¿Está bien que el cliente pague las inversiones?

Desde la lógica del modelo eléctrico regulado en Chile, la respuesta técnica es sí, pero bajo reglas estrictas.

La regulación chilena utiliza el concepto de "Empresa Eficiente": el Estado determina cuánto le cuesta a una compañía modelo operar de forma óptima e invertir para abastecer la demanda creciente. En términos simples:

  1. El usuario paga a través de la boleta el costo del suministro, la mantención y el retorno de la inversión que la empresa hace en postes, cables, subestaciones y tecnología.
  2. El Estado regula para que esa inversión sea la estrictamente necesaria, eficiente y con una tasa de rentabilidad máxima fijada por ley, evitando que las empresas traspasen costos por ineficiencias o negligencias a los usuarios.
  3. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) es el organismo encargado de fiscalizar que las inversiones prometidas y cobradas en la tarifa realmente se ejecuten y cumplan con los estándares de calidad exigidos.

El nudo crítico para Magallanes

El punto de fricción está en la oportunidad y el cumplimiento. Mientras la gerencia de Edelmag sostiene que para elevar la exigencia de la red y soportar el aumento de consumo se requiere ajustar la ecuación tarifaria, los vecinos y gremios de la región ya sostienen lo opuesto. Las inversiones debieron ejecutarse con anterioridad para prevenir el deterioro de la red, y no condicionar la estabilidad del servicio a futuros incrementos en las boletas.

Con los oficios de fiscalización ya en curso por parte de la SEC tras la ola de apagones en la capital regional, el debate por las tarifas de Edelmag promete trasladarse de la mesa técnica de la CNE directamente a la discusión pública de Magallanes.

El anuncio de que las futuras inversiones de infraestructura se terminarán reflejando en la tarifa eléctrica llega en el peor momento económico posible para las familias de la Región de Magallanes. Vivir en la Patagonia implica de por sí un costo de vida elevado, donde los presupuestos del hogar sufren mes a mes con el valor del gas, la canasta básica y el transporte. Que ahora se anticipe un nuevo ajuste al alza en las cuentas de la luz para financiar obras que debieron preverse con anterioridad representa un golpe directo al bolsillo de la clase media y de las pequeñas pymes locales que operan con márgenes mínimos de ganancia.

La molestia ciudadana se intensifica porque el alza no viene de la mano de un servicio impecable, sino de una seguidilla de apagones e inestabilidades de voltaje que han terminado por arruinar electrodomésticos y paralizar faenas comerciales. Para el comercio y los emprendedores magallánicos, la ecuación resulta difícil de digerir: no solo han tenido que absorber las pérdidas materiales que dejan los cortes intempestivos, sino que ahora escuchan de boca de la propia compañía que para aspirar a una red más estable deberán terminar pagando boletas de luz aún más caras.

El perfil tras el anuncio: Guillermo Rojas Álvarez en la conducción de Edelmag

El encargado de liderar este complejo escenario y defender la posición tarifaria de la eléctrica es Guillermo Rojas Álvarez, quien asumió la gerencia general de la Empresa Eléctrica de Magallanes tras la renuncia del ejecutivo saliente Miguel Castillo Quezada. Rojas es un ejecutivo con trayectoria en la industria energética e ingenieril del país. Antes de su llegada a la conducción de Edelmag en Punta Arenas, Rojas desarrolló una extensa carrera directiva dentro del Grupo CGE y en diversas distribuidoras del sector eléctrico chileno. Su perfil es marcadamente técnico-financiero, con experiencia en la gestión de Sistemas Medianos —precisamente el régimen regulatorio bajo el cual opera Magallanes al estar desconectada del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)—. Su desembarco al mando de la compañía busca acelerar el plan de modernización de la red, pero su debut mediático ya lo enfrenta a su primera gran prueba de fuego; convencer a una comunidad magallánica cansada de los apagones de que el camino para mejorar la luz pasa indefectiblemente por encarecer la boleta de fin de mes.