Un contundente dictamen firmado por la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, encendió las alarmas en los ministerios y trajo alivio a gremios locales, pescadores y armadores en la Región de Magallanes. En una resolución sin anestesia, el organismo fiscalizador le prohibió expresamente a la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), a Sernapesca y al Ministerio del Medio Ambiente traspasar o delegar la administración, el diseño de planes de manejo y la consulta ciudadana de parques y reservas marinas a fundaciones y ONG privadas.

El dictamen se gestó tras una presentación impulsada por la Asociación Gremial de Salmón y Trucha de Magallanes, que cuestionó la directa intervención de entidades privadas e internacionales —como The Pew Charitable Trusts y Conservation International— en la formulación de los Planes Generales de Administración (PGA) en los mares del sur.

Los "Memorándums de Entendimiento"

Durante años, la modalidad preferida de la burocracia ambiental para incorporar a estas ONG fue la firma de los llamados Memorándums de Entendimiento (MdE). Sobre el papel, se presentaban como inocentes alianzas de colaboración para aportar estudios, tecnología o financiamiento.

Sin embargo, el análisis práctico de Contraloría reveló una realidad distinta: en los hechos, las fundaciones terminaban coordinando las actividades técnicas, redactando borradores regulatorios y moderando las dinámicas de participación comunitaria con los actores locales.

Para la contralora Dorothy Pérez, esta práctica constituye una externalización encubierta de funciones públicas:

"La formulación de planes de manejo e instrumentos de planificación ambiental corresponde a competencias públicas irrenunciables y de ejercicio exclusivo del Estado."

El fallo aclara que si el Estado requiere asesorías técnicas de privados, debe hacerlo de manera transparente mediante licitaciones en Mercado Público y bajo la Ley de Compras, no mediante convenios "a la medida".

Ni "participación dirigida" ni intermediarios en las consultas

El pronunciamiento zanja además un aspecto muy sensible para el territorio austral: la relación con las comunidades locales, pescadores artesanales e industrias de la zona.

Bajo el marco del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SBAP), las instancias de participación deben ser lideradas de forma directa, imparcial e incluyente por funcionarios públicos. Contraloría fue tajante: el Estado no puede encargar a terceros la moderación de estos diálogos, pues tiene la obligación de garantizar neutralidad y escuchar sin sesgos a todos los sectores productivos y sociales de la región.

Aunque las ONG conservan el derecho de aportar datos o insumos científicos —los cuales la autoridad evaluará libremente si pondera o no—, se les acabó el rol de "co-administradores" o coordinadores del territorio marítimo.

90 días para "ordenar la casa" en Magallanes

La Contraloría dio un ultimátum a los organismos públicos involucrados: un plazo de 90 días administrativos para revisar, ajustar o anular todos los acuerdos colaborativos que vulneren esta doctrina en el país.

En Magallanes, donde se concentran extensas áreas protegidas como el Parque Marino Diego Ramírez-Paso Drake, Francisco Coloane o el Área Marina de Múltiples Usos en el Canal Beagle, la lupa estará puesta en los convenios vigentes que deberán reestructurarse para devolverle al Estado la conducción exclusiva de los mares australes.