El arte de la voltereta apareció una vez más... La gestión de la seguridad pública exige, como condición mínima, rigor técnico, aplomo institucional y un relato coherente. Cuando las decisiones involucran la tranquilidad de una región frente al avance de la criminalidad organizada, lo que la ciudadanía espera de un seremi de Seguridad Pública es firmeza y transparencia, no titubeos ni giros discursivos acomodados según el viento político de la jornada.

Lo ocurrido en los últimos días con el traslado al Complejo Penitenciario de Punta Arenas de un imputado de alta peligrosidad —vinculado a graves causas de sicariato— es un claro ejemplo de improvisación en el mensaje, contradicciones complejas y una vocería apresurada que deja mucho que desear en términos de profesionalismo.

Desde un comienzo, la postura oficial a nivel local optó por la minimización del problema. Ante la gravedad del traslado y la natural preocupación pública, la Seremía de Seguridad Pública no entregó antecedentes claros ni precisos sobre el prontuario ni el perfil del reo que llegaba a la zona. Por el contrario, la narrativa inicial fue bajarle el perfil al asunto de forma tajante, repitiendo que el penal de Punta Arenas contaba con todas las condiciones operativas para recibirlo y asegurando que todo funcionaba en perfecto orden. De la defensa cerrada del funcionamiento impecable de la decisión tomada, de hablar de un "plan nacional", y de descartar a última hora cualquier nexo con organizaciones como el Tren de Aragua para intentar cerrar la controversia. Aunque sin decir el inmenso prontuario del individuo relacionado a sicariato, homicidios frustrados, robo de menores e integrante de una banda que mataba por dinero.

Sin embargo, el relato dio un giro brusco en cuanto la autoridad local advirtió la postura crítica del propio ministro de la cartera ante la medida. Fue ahí cuando vino la tardía rectificación: al percatarse de que el discurso oficialista en Santiago iba en otra dirección, el seremi reculó luego de pasar todo un día y comenzó a articular un discurso acomodaticio, alineado con la línea de su superior.

Salir a última hora de la noche del viernes a dar explicaciones a la rápida, con el evidente propósito de enmendar la plana y demostrar que se piensa exactamente igual que el nivel central o la jefatura directa, proyecta una imagen poco seria. Muestra a una autoridad más preocupada de no desentonar con el libreto gubernamental que de defender con argumentos sólidos la seguridad de la región.

El problema de fondo radica en el mensaje de vulnerabilidad que transmite la propia autoridad regional hacia la capital. Cuando desde Santiago se decide trasladar criminales de alta peligrosidad a recintos extremos argumentando descongestión o seguridad, lo mínimo que requiere Magallanes es una contraparte local fuerte, con capacidad de evaluar técnicamente la capacidad operativa de Gendarmería en la zona y de hacer valer la realidad territorial antes de que los hechos sean consumados.

Aceptar sin titubeos decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia y luego articular piruetas comunicacionales para justificar lo injustificable solo reafirma una peligrosa subordinación. Si cada vez que el nivel central toma una medida que inquieta a la comunidad la respuesta local será la dócil moderación del discurso a la mañana siguiente, la vocería regional de seguridad pierde toda capacidad de ser una voz auténtica y respetada frente a la ciudadanía.

No costaba nada asumir la preocupación inicial con hidalguía, dar explicaciones convincentes desde el primer minuto y detallar con claridad los protocolos de evaluación técnica y las garantías de contención con las que cuenta el recinto penitenciario.

La ciudadanía entiende que la gestión de la seguridad es compleja y que existen decisiones administrativas difíciles. Lo que no tolera es que le cambien la versión de la noche a la mañana como si la memoria colectiva durara solo unas horas. Cuando el discurso muta de forma tan drástica para salvar el momento, lo único que se logra es minar la credibilidad de la propia institucionalidad que se pretende representar.

En un área tan sensible como la seguridad pública, Magallanes no necesita vocerías que improvisen ni autoridades que acomoden sus palabras a última hora. Ante la amenaza del crimen organizado, la región exige coherencia, convicción y explicaciones a la altura de la responsabilidad del cargo.