En el marco del 183º aniversario de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, el Gobierno prometió declarar el 21 de septiembre como feriado regional permanente en Magallanes. El anuncio llega en el momento más tenso de los últimos años con Argentina por el Estrecho de Magallanes, por ello no es casualidad que el vicepresidente Claudio Alvarado haya elegido esta fecha para el anuncio (incluyendo el sobrevuelo de los F-16). Esas declaraciones de funcionarios y militares argentinos volvieron a poner en discusión el régimen jurídico del paso austral, obligando a La Moneda a reafirmar públicamente que “el Estrecho es y será siempre chileno”. En este marco, el anuncio de feriado funciona como un gesto de reafirmación interna de soberanía. Una especie de reconocimiento simbólico y concreto a la región que encarna la soberanía austral.

Sin embargo, hay que leer la promesa con algo de cautela. Hasta ahora, lo que tenemos es tan sólo una promesa política, y no una ley vigente (y falta que se pronuncie el ministro de Hacienda). Para que el feriado sea permanente se requiere una nueva ley que modifique la Ley N.º 2.977 sobre feriados legales, siendo necesario que algún parlamentario reflote o presente una iniciativa legal para ello. Siendo exactos el Gobierno sólo ha dicho que apoyará y patrocinará una iniciativa parlamentaria, pero no que presentará un proyecto. Por tanto, para que el feriado se haga efectivo depende de que parlamentarios presenten una moción, de que el Ejecutivo la patrocine formalmente y de que el Congreso la apruebe. Me imagino que el gobierno alineará lo parlamentarios de derecha y que la oposición concurrirá con sus votos.

Si la ley no avanza, el gesto soberano se debilita. El anuncio del Gobierno es políticamente comprensible, oportuno y hasta necesario en un momento de tensión diplomática y política, ya que reafirma la presencia del Estrecho de Magallanes en el relato de soberanía nacional y ofrece un reconocimiento largamente demandado por la región. Sin embargo, en esta ocasión la promesa no se la puede llevar el viento, ya que, al convertir el feriado en una bandera de soberanía sin tener la ley aprobada o el proyecto presentado, abre la puerta a un escenario incómodo. Si la iniciativa se traba en el Congreso o no avanza por prioridades, lo que hoy se presenta como reafirmación de soberanía podría terminar percibiéndose como una duda y otra promesa incumplida.

El Gobierno tiene ahora la oportunidad de mostrar coherencia entre el discurso soberano y la gestión legislativa. Si realmente quiere que el 21 de septiembre sea feriado permanente en Magallanes, deberá coordinar con parlamentarios magallánicos la presentación inmediata de una moción clara, otorgar el patrocinio ejecutivo sin dilaciones y priorizar su tramitación en el Congreso (aprovechando el clima político favorable).

Si realmente el Estrecho nos importa a todos, la coherencia exige que las promesas no queden en metáforas y se transformen en un trámite legislativo rápido y efectivo. La soberanía no se demuestra sólo en los momentos de tensión con países vecinos, sino en la capacidad del Estado para cumplirle a su propia gente, con la misma firmeza con que defiende sus mapas.

En un gobierno con descoordinación y contradicciones entre ministerios hay que esperar cómo se concretará el anuncio. Sabemos que habrá quienes argumentarán, desde una mirada fiscal y productiva, que sumar otro día no laborable impacta de forma negativa en el comercio y economía regional. Sin embargo, los datos de impacto económico en regiones con menor población muestran que los feriados locales no reducen la productividad anual de forma significativa; por el contrario, suelen redistribuir el consumo hacia el turismo interno, la gastronomía y los servicios locales. Además, el valor de la cohesión territorial y el reconocimiento histórico en una zona fronteriza no se mide sólo con la calculadora del Ministerio de Hacienda. Magallanes no necesita sólo discursos en fechas simbólicas. Necesita leyes que consoliden derechos, reconocimientos y políticas de Estado, pero también iniciativas que apunten a sus potencialidades como principal paso entre los océanos Atlántico y Pacífico. Y esa es una discusión pendiente que no debemos postergar.

Por Juan Marcos Henríquez, columnista.