Tras el anuncio de la reanudación de la ruta comercial se conoció la tramitación de un proyecto de ley en el Congreso de Argentina que busca sancionar e incautar buques que realicen labores de abastecimiento a las islas Malvinas/Falkland.

La iniciativa amenaza directamente la operación del buque mercante de bandera chilena Danstar, perteneciente a la naviera Easter Island Logistics, el cual tiene programado retomar la ruta comercial desde Punta Arenas hacia el archipiélago.

El proyecto trasandino argumenta que cualquier navegación que preste servicios de abastecimiento a las islas vulnera la soberanía argentina sobre el territorio disputado, estableciendo duras sanciones para las naves que cubran dicho itinerario.

La propuesta declara que el tránsito de buques o artefactos navales hacia puertos de las Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, o desde esos territorios, no constituye “paso inocente”. La norma abarca naves de cualquier bandera, y también cargas o personas vinculadas, directa o indirectamente, con actividades logísticas, militares, hidrocarburíferas, pesqueras o de infraestructura.

La situación encendió las alarmas en el sector marítimo y político local, dado que la ruta representa un nexo comercial histórico para Magallanes.

Frente a esta amenaza de incautación, diversos legisladores chilenos exigieron una postura firme y decidida a la Cancillería. Las autoridades locales hicieron un llamado a defender la libertad de navegación garantizada por la Convención del Mar y la vigencia del paso inocente, instando a proteger las operaciones comerciales de los armadores regionales ante las medidas unilaterales del país vecino.

El eventual freno a las operaciones del Danstar no solo compromete el intercambio comercial directo, sino que también pone en riesgo empleos locales y la logística de abastecimiento que históricamente se ha coordinado desde los puertos de la zona austral. Desde los gremios marítimos de la zona recalcaron que las decisiones políticas bilaterales no deberían asfixiar el libre tránsito en aguas internacionales ni restringir las actividades de las empresas chilenas que operan bajo el marco de la normativa vigente.

En los próximos días se proyecta una reunión extraordinaria entre representantes de la industria naviera magallánica y autoridades del gobierno regional para fijar una postura unificada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. El objetivo central será presionar por la instalación de una mesa de diálogo diplomático que resguarde la seguridad jurídica de las embarcaciones nacionales y evite un escalamiento en las tensiones fronterizas del sur del continente.