Con la conclusión de los sumarios y actos administrativos internos instruidos desde el nivel central por el ministro, Iván Poduje, la Seremi de Vivienda u Urbanismo de Magallanes dio por finalizada su intervención directa en el expediente administrativo relativo a Susan Chicuy Godoy, pareja del diputado Alejandro Riquelme (Rep).

Debido a que la propiedad del conjunto habitacional "Estepa Austral I" se encuentra formalmente escriturada a nombre de Chicuy, la cartera habitacional derivó los informes finales a la Fiscalía Regional de Magallanes y al Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismos competentes para determinar la existencia de eventuales responsabilidades penales o patrimoniales.

En entrevista con el programa periodístico BDR, el seremi de Vivienda en la región, Rodolfo Guajardo, confirmó el término de las diligencias internas, precisando que el ministerio ya remitió la totalidad de los antecedentes recopilados a los órganos de control y justicia.

"Nos tocó el tema de generar los actos administrativos con respecto a las solicitudes ministeriales. Esos trabajos ya están finalizados (...), eso ya no está en competencia de lo que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Los resultados de eso son materia de investigación y se encuentran en los organismos pertinentes. Como ministerio ya no tenemos que ver, informamos lo que teníamos que informar y eso en estos momentos está en los tribunales", señaló la autoridad regional.

Guajardo reveló además que los antecedentes activaron revisiones institucionales: "Contraloría nos hizo la presentación justamente por este tipo de sucesos, lo que también nos generó un tema de auditoría interna fuerte con respecto a estos procesos, dirigida a través de Santiago".

La vía judicial tras la escrituración del inmueble

Respecto a las facultades del Ministerio de Vivienda para solicitar la restitución o revocación del inmueble, el seremi explicó que la inscripción del título de dominio a nombre de la beneficiaria limita el margen de acción administrativa de la repartición, trasladando la definición a los tribunales ordinarios a través de las acciones procesales que pudiera resolver el CDE.

"Cuando las casas están escrituradas, nosotros ya no tenemos arte ni parte en ese tema. Para nosotros como ministerio es más fácil generar esa instancia cuando las casas no están escrituradas. Es por eso que el ministro dio la orden de que, por ejemplo, en los programas DS1 o DS49, el tiempo para escrituración sea un poco más largo, porque eso nos permite generar una fiscalización efectiva con respecto a la ocupación", detalló Guajardo.

Los antecedentes remitidos al Ministerio Público

Las diligencias administrativas al interior del servicio tuvieron su origen tras la visita a Punta Arenas del ministro de Vivienda, Iván Poduje, ocasión en que la Asociación de Funcionarios del Serviu le presentó una carpeta con antecedentes referidos al proceso de asignación del subsidio del Fondo Solidario de Elección de Vivienda (D.S. 49).

Posteriormente, mediante el Oficio Ordinario N°64 enviado a la Fiscalía Regional, la dirección del Serviu Magallanes remitió la documentación alusiva a la Resolución Exenta N°1117 —emitida el 7 de julio de 2022 por la entonces jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales, Jacqueline Lleucún Uribe—. Según se detalla en dicho oficio, la presentación describe una eventual dinámica operativa mediante la cual la jefatura técnica sugería nombres de postulantes para cubrir cupos por renuncia o reemplazo, solicitando a la Entidad Patrocinante (Inmobiliaria Salfa Austral Ltda.) formalizar las postulaciones con los nombres indicados.

Registros socioeconómicos y cruce de antecedentes

De acuerdo con los antecedentes del expediente de postulación citados en el informe, Susan Chicuy ingresó al programa habitacional tras registrar antecedentes en el Registro Social de Hogares dentro de los tramos de vulnerabilidad requeridos por el programa, declarando cargas familiares y residencia en sector rural.

Paralelamente, registros públicos dan cuenta de que en la fecha de asignación del subsidio, Alejandro Riquelme se desempeñaba como Consejero Regional (CORE) por Magallanes, y existiendo asimismo registro de participación de ambos en las sociedades Magallania Capacitación Ltda., Magallania Asesorías Ltda. y Magallania SpA.

Declaraciones del diputado Alejandro Riquelme

Requerido respecto a la derivación de los antecedentes al Ministerio Público, el diputado Alejandro Riquelme ha descartado en algunos medios locales la existencia de ilícitos o faltas a la probidad en el proceso.

El parlamentario sostuvo que la entrega de expedientes a la justicia por parte de los servicios públicos constituye una revisión de rutina que de ningún modo establece culpabilidad o irregularidad de las partes involucradas. Asimismo, atribuyó la difusión de estas denuncias a una intencionalidad política motivada por su labor de fiscalización parlamentaria en la Región de Magallanes.

Plan de Fiscalización: 532 casos en seguimiento y 22 procesos de restitución

En el marco del Plan Nacional de Fiscalización de Viviendas Sociales, la Seremi de Vivienda en Magallanes mantiene un programa continuo de inspección en terreno para verificar el cumplimiento del requisito legal de inhabitabilidad por parte de los asignatarios.

El seremi Rodolfo Guajardo precisó que en la región existen 532 casos bajo seguimiento preventivo, en los cuales inspecciones preliminares no lograron constatar la presencia de los beneficiarios en los inmuebles.

De ese universo, la autoridad confirmó que existen 22 casos con procedimientos sancionatorios o de revocación iniciados, orientados a recuperar las viviendas de aquellas familias que no estén haciendo uso efectivo del beneficio. El seremi enfatizó que, en aquellos casos donde los inmuebles aún no han sido escriturados, la administración pública cuenta con las atribuciones legales para anular de forma directa la asignación y reasignar la solución habitacional a familias en lista de espera.