En un procedimiento que desafía los resguardos de soberanía y la normativa de seguridad nacional, la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Magallanes —encabezada por la seremi Lorena Díaz Loaiza— puso en marcha la oferta y licitación de cuatro parcelas rurales que suman 1.401 hectáreas en la isla de Tierra del Fuego, en sectores declarados expresamente como zona fronteriza, sin haber solicitado la autorización ni el pronunciamiento previo de los organismos estratégicos del Estado.

Cabe señalar, que el servicio no ha realizado consultas ni cuenta con informes de la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol) ni del Ministerio de Defensa Nacional sobre la conveniencia estratégica o los riesgos de enajenar estos predios fiscales.

La controversia radica en la interpretación que la autoridad regional hace del marco regulatorio. El Artículo 5° del DFL N° 83 de 1979 (estatuto orgánico de Difrol) prohíbe de forma explícita a los organismos del Estado vender, arrendar o concesionar bienes fiscales situados en zona fronteriza "sin la autorización previa" de esa dirección, la que debe otorgarse en coordinación con el Ministerio de Defensa.

Pese a la exigencia legal, la seremi Lorena Díaz argumentó ante los requerimientos de transparencia que hizo un medio regional (LPA) que no posee dicha documentación debido a que las autorizaciones de Difrol "se solicitan de manera posterior, una vez determinado el adjudicatario del inmueble", bajo el supuesto de que dicho organismo solo debe evaluar los antecedentes del comprador final y no la pertinencia de desprenderse del territorio fiscal.

Sin embargo, desde la propia Difrol desmintieron la postura de la Seremi: el organismo técnico informó por Transparencia que no registra ninguna solicitud formal de Bienes Nacionales respecto al Plan de Enajenación 2026 al menos hasta el 28 de septiembre. Además, el reglamento de 1970 que rige la materia ordena solicitar la autorización formal a Difrol "antes de formalizar el contrato o de efectuar cualquiera otra diligencia o gestión para realizarlo".

Escala sin precedentes e historial de autorizaciones

La magnitud del loteo ofrecido en Tierra del Fuego no tiene antecedentes recientes en la región:

  1. 1.401 hectáreas en oferta: Las tierras puestas en venta equivalen a casi cien veces la superficie total autorizada por Difrol para enajenación directa en la isla durante los últimos cinco años (que sumó apenas 18,6 hectáreas entre 2021 y 2025).
  2. Precedentes en la isla: Entre 2021 y 2025, de los 33 oficios emitidos por Difrol hacia Magallanes, en Tierra del Fuego solo se autorizó la venta de un único sitio de 1.250 $m^2$ en Primavera en marzo de 2022 y una concesión gratuita en Porvenir en 2021.

Opacidad en las actas y retiro de las islas sin respaldo

A la falta de consulta fronteriza se suma un manto de dudas respecto de los actos administrativos de la Comisión Especial de Enajenaciones, cuerpo presidido por la propia seremi e integrado por los directores de Impuestos Internos, Serviu y Corfo:

  1. Secretismo en las actas: La Seremi denegó el acceso a las actas de las sesiones de la comisión celebradas durante 2026, invocando una supuesta "reserva de antecedentes previos a una decisión" frente a futuros oferentes.
  2. El enigma de las islas: En el Plan de Licitaciones 2026 figuraban originalmente dos islas completas en el lago Blanco: isla Arturo e isla Sin Nombre. Tras cuestionamientos públicos de parlamentarios, la Seremi decidió retirar ambas islas del catálogo de venta a mediados de septiembre. No obstante, al ser consultada por los informes técnicos que justificaron su inclusión inicial y posterior bajada, la seremi Díaz admitió no contar con esa documentación, sin precisar quién tomó la decisión ni mediante qué acto administrativo se formalizó, transgrediendo la Ley N° 19.880 sobre actos del Estado.

Con un proceso licitatorio que compromete más de mil hectáreas en el corazón fronterizo de Magallanes, la falta de prolijidad administrativa y la omisión de las alertas técnicas de Defensa e Inteligencia Fronteriza reinstalan el debate sobre cómo se administra y resguarda el patrimonio fiscal en las zonas extremas del país.