La Contraloría General de la República tomó razón de manera definitiva de la sanción expulsiva aplicada a Jacqueline Lleucún Uribe, exjefa del Departamento de Operaciones Habitacionales del Serviu en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Además de confirmarse su destitución, el órgano contralor dispuso una inhabilitación absoluta de cinco años para desempeñarse en cargos públicos por graves vulneraciones a los principios de probidad administrativa.

La ratificación del ente fiscalizador se da a conocer luego de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo publicara los antecedentes detallados de la investigación disciplinaria iniciada en junio de 2022, saliendo al paso de réplicas públicas vertidas por la exfuncionaria en medios locales.

La investigación administrativa logró acreditar que la exjefa de departamento permitió que una persona contratada mediante una consultoría externa con recursos del Gobierno Regional realizara funciones inherentes a la institución. Entre las faltas graves detectadas, se constató la entrega de acceso a sistemas informáticos internos del servicio, el uso de cuentas de correo institucional y el manejo de información sensible de postulantes a beneficios habitacionales.

Dicha situación sumó mayor gravedad al determinarse que la consultora externa presidía en paralelo una agrupación de vivienda que mantenía proyectos en plena tramitación ante el mismo servicio. Según determinó el proceso sancionatorio, estos actos transgredieron gravemente los principios normativos de transparencia, responsabilidad, eficiencia e igualdad de oportunidades en la función pública.

El proceso administrativo culminó internamente en febrero de 2025 con la firma de la resolución de destitución emitida por el Minvu. Posteriormente, en mayo del mismo año, la cartera rechazó los recursos de reposición presentados por la exdirectiva, descartando que la sanción careciera de proporcionalidad o tuviera motivaciones políticas. Finalmente, el 26 de agosto de 2026, la Contraloría tomó razón del decreto con alcance, dejando firme la sanción expulsiva y la inhabilitación para ejercer cargos públicos en el Estado, proceso que también derivó en medidas disciplinarias contra otros funcionarios involucrados.