Un transversal rechazo ciudadano y político generaron las controversiales declaraciones del jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, quien incluyó a la Región de Magallanes, el paso de Drake y el sur dentro de lo que denominó "soberanía" trasandina. Sus palabras, emitidas en una entrevista donde tildó a la zona de "llave bioceánica", encendieron las alarmas en el ámbito nacional e internacional al ignorar la vigencia y aplicación de los tratados de límites que rigen formalmente entre ambas naciones.

El exabrupto reactivó las suspicacias en la zona austral por no tratarse de un hecho aislado, recordando episodios previos como las afirmaciones del jefe del Servicio de Hidrografía Naval argentino en torno a la boca del Estrecho. En la Región de Magallanes, la molestia escaló rápidamente.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, emitió una declaración pública en la que rechazó de plano las palabras del uniformado por desconocer abiertamente el Tratado de Paz y Amistad de 1984 y el Tratado de Límites de 1881, los cuales ratifican el dominio pleno de Chile sobre la totalidad del Estrecho de Magallanes y sus costas. Radonich enfatizó que el envío de una nota de protesta diplomática resulta insuficiente y exigió una retractación formal al gobierno argentino, llamando a las autoridades nacionales a no minimizar estos discursos revisionistas ni tratarlos como eventos circunstanciales.

Por su parte, el senador por Magallanes, Karim Bianchi, rechazó tajantemente las declaraciones de general argentino exigiendo al gobierno una postura clara y defender la soberanía con hechos. "Vamos a dejar las cosas en claro y de manera categórica. En Magallanes no vamos a tolerar que ninguna autoridad militar extranjera venga a jugar con nuestra soberanía. El estrecho de Magallanes es 100% chileno, lo ha sido siempre, y esto está sellado por tratados internacionales vigentes que no admiten dobles lecturas. Enviar una nota de protesta por parte del gobierno es lo mínimo que debe hacer la Cancillería, pero la soberanía no se defiende solamente con cartas diplomáticas", expresó.

Frente a la escalada de la polémica y el rechazo generalizado, el Gobierno chileno fijó una posición contundente respecto a los límites territoriales. El propio Presidente José Antonio Kast abordó el asunto desde el Palacio de La Moneda, remarcando con firmeza que "el Estrecho de Magallanes es chileno". El Jefe de Estado respaldó la postura inicial fijada por el canciller Francisco Pérez Mackenna —quien tildó de infundada la controversia dado el carácter indiscutible del dominio nacional— y valoró la pronta respuesta de la diplomacia argentina para contener el conflicto.

Desde la administración de Javier Milei en Buenos Aires optaron por desescalar el impase y enviar señales de tranquilidad. Tras las gestiones diplomáticas chilenas, la Cancillería argentina reafirmó la plena vigencia de los tratados internacionales de 1881 y 1984, catalogándolos como instrumentos jurídicos definitivos que reconocen la soberanía de Chile sobre el Estrecho. A través de un pronunciamiento oficial, la Casa Rosada ratificó su compromiso con la relación bilateral, la cooperación estratégica en materias como la Antártica y el tratamiento de cualquier materia de interés común mediante los canales institucionales correspondientes, dando por cerrada la controversia en el plano formal pero dejando una permanente alerta en la opinión pública magallánica.

Esta constante reiteración de narrativas expansionistas por parte de altos mandos de las Fuerzas Armadas trasandinas demuestra que no se está ante exabruptos individuales ni desaciertos de lenguaje, sino ante una sistemática e inaceptable provocación geopolítica.

Que sea la segunda vez en el año que personeros de Estado argentinos vulneren verbalmente la soberanía austral chilena evidencia una conducta determinada en sus cúpulas de defensa que la diplomacia de paños fríos ya no puede tapar. Normalizar estos embates bajo la excusa de la integración bilateral es una ingenuidad peligrosa que solo alimenta una inexplicable voracidad revisionista.

La soberanía no se negocia, no se relativiza y, mucho menos, se somete al arbitrio de la retórica militar extranjera. Chile debe entender que las protestas por escrito y las notas formales se quedan cortas frente a quienes insisten en desconocer la ley internacional. Frente a la reiterada audacia trasandina de mirar de reojo el territorio nacional, la respuesta del Estado chileno debe ser de un blindaje absoluto y de una firmeza inflexible: a la patria no se le discute ni un solo centímetro de su tierra, de su mar o de su historia.