En una contundente resolución dictada este martes, el Pleno del Tribunal Constitucional (TC) asestó un duro golpe al Gobierno al rechazar, por nueve votos contra uno, el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo en contra del artículo 31 de la denominada "megarreforma" económica. La impugnación buscaba frenar el apartado que fija la obligatoriedad de la reconexión e interrupción gratuita de servicios básicos, así como el plazo de 48 horas para restablecer los suministros a los usuarios.

La ofensiva ante el TC había sido empujada directamente por La Moneda en conjunto con los gremios del sector eléctrico, gasífero y sanitario, aduciendo que la exigencia impuesta a las distribuidoras ponía en riesgo la seguridad de las cuadrillas de trabajo y amenazaba la sostenibilidad técnica del sistema operativo. Sin embargo, los argumentos expuestos por la administración presidencial no lograron convencer al Pleno, donde solo un ministro apoyó la tesis de inconstitucionalidad promovida por el Gobierno.

El fallo generó reacciones inmediatas tanto en el espectro político como en el sector empresarial. Mientras que desde la oposición calificaron el resultado como una derrota categórica para el diseño legal del Ejecutivo, los gremios de empresas distribuidoras reaccionaron con preocupación, advirtiendo que cumplir con los plazos legales de 48 horas de reposición resulta inviable bajo las exigencias de seguridad vigentes. El organismo constitucional dará a conocer los fundamentos íntegros de la sentencia dentro de los plazos que establece la ley.