Las recientes declaraciones del exministro de Economía y candidato a presidir la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Félix de Vicente, en las que sostuvo que a «la persona común y corriente este tema no le importa» a propósito del debate por la rebaja de penas a condenados por delitos sexuales, exponen una grieta profunda en la dirigencia nacional. Reducir la controversia a un asunto lejano para la ciudadanía no solo resulta fácticamente errado frente a una opinión pública informada y tajante en su rechazo, sino que devela una mirada condescendiente que asume que la gente de a pie vive desprovista de criterio moral o interés por la justicia.

Esta postura encasilla al trabajador en el rol de un mero engranaje productivo, cuya única preocupación legítima sería la subsistencia diaria o el rendimiento económico. Sugerir que las familias no se conmueven ni se indignan ante el debilitamiento de las sanciones para crímenes de extrema gravedad implica ignorar que la protección de la infancia, la seguridad y la lucha contra la impunidad son valores transversales que sostienen la vida comunitaria. La ética pública no es un privilegio reservado para los debates de la élite política o económica; es una demanda cotidiana que nace precisamente en los barrios y hogares de la sociedad civil.

Lo verdaderamente complejo de que una figura que aspira a liderar el gremio empresarial más influyente del país mantenga este pensamiento es el daño directo que inflige a la legitimidad del propio sector privado. El desarrollo económico y la certidumbre para los negocios no se construyen en el vacío social ni al margen de la confianza ciudadana. Cuando la cúpula patronal da a entender que el estándar penal o el dolor de las víctimas son temas accesorios para la masa laboral, reafirma la dañina percepción de que el poder económico opera dentro de una burbuja indolente, insensible al sentido común y ajena al marco normativo que rige para todos.

Un empresariado con proyección republicana no puede pretender dirigir el crecimiento de un país menoscabando el juicio ético de sus habitantes. La paz social, indispensable para cualquier actividad productiva, no depende únicamente del consumo o del empleo, sino del convencimiento de que existan garantías mínimas de justicia y dignidad para las personas. Asumir que la ciudadanía ignora o margina estos principios por estar «ocupada» en su rutina no solo evidencia una severa desconexión con la realidad popular, sino que despoja al liderazgo gremial de la solvencia moral necesaria para interlocutar con la sociedad chilena.

Esta miopía estratégica tensiona además el rol que debe cumplir la empresa privada en la construcción del bienestar general. Si las grandes cúpulas perciben la demanda de justicia como un fenómeno secundario, entorpecen la posibilidad de entablar un diálogo genuino con los trabajadores y sus comunidades, promoviendo una cultura corporativa que prioriza la rentabilidad inmediata sobre la responsabilidad social y el valor humano.

Por último, perpetuar la idea de que los temas de alta connotación social o penal son patrimonio exclusivo de la clase política despoja a la ciudadanía de su rol fiscalizador y democrático. El verdadero liderazgo económico exige humildad para escuchar la indignación popular y comprender que el desarrollo de Chile requiere un empresariado comprometido con la ética, donde el respeto a las víctimas y el Estado de Derecho jamás se consideren asuntos ajenos al ciudadano común.

Por Mauricio Vidal Guerra, periodista, director Zonazero.