Hay una máxima elemental en el derecho público, en la administración del Estado y en la ética corporativa básica. No se puede estar a ambos lados del escritorio cuando se define el destino de un negocio millonario.

En el reciente comunicado público emitido por Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI), la empresa administradora de la Zona Franca de Punta Arenas intenta desplegar una narrativa de transparencia, aportes de capital y colaboración técnica. Sin embargo, detrás del vistoso balance de miles de millones transferidos al Gobierno Regional y los millones de visitantes, el comunicado no logra esconder una porfía institucional que resulta, a estas alturas, francamente riesgosa para la Región de Magallanes.

La pregunta de fondo no es cuánto ha invertido SRI desde 2007 ni cuántos empleos mantiene a la fecha. La pregunta de fondo es: ¿Qué hace el actual administrador en una mesa de trabajo encargada de sentar las bases de la próxima licitación del recinto franco?

El riesgo del "vicio de nulidad" y la cancha inclinada

Nos imaginamos que el gerente general de SRI, Eugenio Prieto Katunaric, entiende perfectamente el terreno sobre el cual está caminando. O, al menos, resulta inverosímil pensar que en la alta gerencia de una concesionaria de esta envergadura no se hayan proyectado las contingencias jurídicas que este diseño genera.

La mesa de trabajo convocada por el Gobierno Regional y el Ministerio de Hacienda para delinear las bases técnicas del futuro contrato no es un mero grupo de conversación. Es la instancia donde se discutirá el perímetro de ampliación, la inclusión de servicios, la red de recintos remotos y las reglas del juego para los próximos 20 o 30 años.

Si la actual concesionaria —como es de público conocimiento y legítimo interés comercial— pretende competir por renovar el contrato de cara a la próxima licitación de 2030, su sola presencia activa en esa mesa distorsiona el proceso.

¿Con qué cara se convocará mañana a un inversionista internacional o a un nuevo actor nacional a presentar sus propuestas? Cualquier competidor externo que observe la génesis de este proceso levantará la ceja y dirá lo evidente. El operador actual tuvo acceso privilegiado, modeló los términos de referencia y actuó como consultor de la autoridad que redactará las bases.

Esto enreda el proceso de forma innecesaria. Bastaría con que un eventual competidor acuda a la Justicia Ordinaria o al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acusando una "falta al principio de igualdad de los oferentes" o alegando un "vicio de nulidad" en el origen de las bases para que todo el trabajo quede entrampado por años en litigios judiciales.

Hay que ser claros al respecto, nadie desconoce las cifras de flujo, los cánones pagados ni la importancia del recinto franco como polo comercial para Magallanes. Pero los datos económicos no compensan la imprudencia procedimental.

La mesa de trabajo debe ser una instancia técnica de la autoridad regional, las instituciones públicas, la academia y los gremios de usuarios. La concesionaria saliente puede y debe ser requerida mediante oficios o audiencias públicas para entregar información operativa objetiva. Pero no puede ser parte del comité que piensa y redacta las reglas del juego para el futuro.

Si el gerente Eugenio Prieto y el directorio de SRI de verdad quieren respaldar con hechos su "compromiso con Magallanes", la decisión más sensata y transparente que podrían tomar es marginarse voluntariamente de la mesa técnica de la futura licitación.

Seguir insistiendo en intervenir como un "convocado más" mientras se prepara la cancha para la próxima década solo contamina la imagen del proceso, resta legitimidad a la autoridad regional y pone una innecesaria bomba de tiempo jurídica sobre la futura licitación de la Zona Franca de Punta Arenas.