En la política austral, el viento arachado no es lo único que despeina a las autoridades; la interna de los sectores conservadores en Magallanes atraviesa una de sus marejadas más agitadas. La chispa que encendió la última pradera mediática no proviene de la oposición ni de fiscalizaciones de rutina de la oposición, sino de la propia trinchera. Una acusación directa y fulminante lanzada por la alcaldesa de Río Verde, Tatiana Vásquez, en contra de la llegada de Mauricio Peña y Lillo a la dirección regional de Sernatur.

El timming de esta "bomba de racimo" política despierta inevitables sospechas en los pasillos del poder magallánico. ¿Por qué ahora? ¿Por qué desempolvar antecedentes de supuestas irregularidades contractuales justo en el momento exacto en que el exintendente asume la titularidad de un organismo público estratégico para la economía regional?

La denuncia: contratos bajo sospecha y sumario central

Según se reveló, la alcaldesa Tatiana Vásquez expuso supuestas anomalías en convenios y licitaciones vinculadas a la gestión previa de Peña y Lillo, un histórico referente del bloque opositor y exintendente de la zona. La gravedad de la acusación escaló con rapidez: la Contraloría General de la República ya determinó la apertura de un sumario administrativo instruido directamente desde su nivel central para auditar la legalidad de los decretos y montos involucrados.

Sin embargo, el fondo de las irregularidades administrativas corre en un carril paralelo al verdadero cálculo político. Mauricio Peña y Lillo, ve cómo su desembarco en la Dirección Regional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) queda manchado desde el día uno por fuego cruzado proveniente de sus propios pares de coalición.

La trama de fondo: la interna sin piedad de las derechas australes

Para entender el disparo de Vásquez hay que alejarse del expediente técnico y mirar el tablero de ajedrez local. La relación entre las distintas sensibilidades de la derecha en Magallanes —entre los sectores tradicionales de la UDI y Renovación Nacional, los independientes de derecha y las facciones locales más duras— lleva años agrietada por disputas de cuotas de poder, cupos parlamentarios y alcaldías rurales clave como la de Río Verde.

Tatiana Vásquez, una jefa comunal de perfil volcánico y no exenta de pasadas controversias públicas, ha sabido construirse como un verso suelto. Su estilo frontal no responde a la disciplina de partido tradicional, lo que la convierte en un actor impredecible para los armadores políticos de Santiago y Punta Arenas.

Las preguntas y puntos que incomodan

  1. ¿Por qué el silencio guardado y la revelación tardía? Las supuestas anomalías denunciadas no ocurrieron la semana pasada. Que los antecedentes hayan permanecido guardados en un cajón para ver la luz pública precisamente cuando el nombre de Peña y Lillo fue oficializado en la alta dirección pública o designado en el cargo, evidencia una táctica de detonación controlada. En la praxis política local, la denuncia funcionó como un "peaje" o un bloqueo directo a su asentamiento institucional.
  2. El nombramiento en Sernatur no es menor en una región cuyo motor e identidad económica dependen fuertemente del turismo internacional (Torres del Paine, canales e Isla Tierra del Fuego). La designación del exintendente representa el retorno de la "vieja guardia" a un puesto con alta visibilidad y manejo presupuestario. La arremetida de Vásquez expone cómo las rencillas no resueltas de la derecha regional prefieren sacrificar la estabilidad institucional de un servicio con tal de pasarse facturas pendientes.
  3. El hecho de que el órgano contralor haya determinado instruir el sumario desde el nivel central —y no solo a través de la sede regional— da cuenta de que la denuncia venía armada con la densidad suficiente como para no ser desestimada como un mero chisme de pasillo.

Un frente desmembrado

El "caso Peña y Lillo vs. Vásquez" deja al descubierto la imposibilidad de las derechas magallánicas para zurcir sus heridas internas. Mientras la alcaldesa de Río Verde reafirma su rol de fiscalizadora inflexible —o de ajustadora de cuentas, según el prisma con que se mire—, la imagen del nuevo director de Sernatur queda supeditada al resultado de un sumario administrativo que podría tardar meses en concluir.

La gran interrogante que ronda hoy en los anillos cercanos al gobierno local no es solo si el exintendente logrará sostenerse en el cargo bajo el asedio de Contraloría, sino cuántos carpetazos más guardan los cajones de la política local, esperando únicamente a que el adversario de turno acepte un nombramiento público para salir a la luz.