Una de las tramas de corrupción más complejas en el sistema penitenciario chileno suma un nuevo y decisivo capítulo. En el marco de las diligencias del procedimiento denominado Operación Apocalipsis II, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones concretaron una serie de detenciones y allanamientos masivos que salpican tanto a la cúpula sindical de Gendarmería como a las jefaturas de recintos juveniles en el sur del país.

La caída de la cúpula sindical de Anfup

En la primera línea de estas diligencias destaca la aprehensión de Álex Vega Torres, exlíder e histórico dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup). Tras un exhaustivo análisis financiero que abarcó desde enero de 2020 hasta diciembre de 2025, el Ministerio Público detectó abonos sospechosos en sus cuentas bancarias por un monto superior a los 248 millones de pesos, de los cuales más de 131 millones carecen de cualquier justificación legal. Vega enfrenta imputaciones por los delitos de cohecho agravado reiterado, lavado de activos y fraude, al tiempo que se indagó su presunta participación en la sustracción de urnas durante comicios del gremio con el fin de asegurar su liderazgo institucional.

El alcance en Punta Arenas y la reabierta causa por homicidio

El impacto del caso trascendió la capital y llegó hasta la Región de Magallanes. En Punta Arenas, la PDI detuvo a Juan Farías Pumero, quien se desempeñaba como alcaide del Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado de esa comuna. La imputación en su contra se origina en un violento hecho ocurrido en enero de 2018 al interior del penal Santiago 1, donde un interno identificado como Rodolfo Muñoz Morales falleció por un traumatismo encéfalo-craneano tras ser violentamente agredido. De acuerdo con la tesis fiscal, la golpiza habría sido propinada por Álex Vega, mientras que Farías Pumero estuvo presente en el lugar y omitió cualquier intervención para impedir la agresión, incumpliendo con sus deberes de custodia.

La causa por este homicidio había sido archivada temporalmente sin formalizados, pero en abril de 2026 el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dispuso su reapertura formal tras el surgimiento de nuevos antecedentes en la indagatoria.

Incautaciones y crisis institucional

En el marco de la investigación, la Fiscalía solicitó la retención de 11 cuentas corrientes, así como la incautación de vehículos e inmuebles adquiridos con dinero de origen presuntamente ilícito. La Operación Apocalipsis continúa expandiéndose y ya suma a decenas de imputados en prisión preventiva por delitos que van desde el cobro por ferias internas hasta el ingreso sistemático de drogas, consolidándose como uno de los escándalos de corrupción más profundos detectados en el sistema carcelario nacional.