Las gremiales que agrupan a las principales empresas de servicios básicos —Empresas Eléctricas, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess) y la Asociación de Empresas de Gas Natural (AGN)— formalizaron su apoyo a la impugnación del Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) contra un artículo de la ley de reconstrucción nacional que las obliga a restablecer de forma gratuita el suministro a clientes en situación de morosidad en zonas de catástrofe.

Las empresas sostienen que la medida, introducida como indicación parlamentaria por diputados de oposición en el artículo 31 del proyecto, incurre en severos vicios de fondo y forma al no tener relación con las ideas matrices del proyecto ni haber sido objeto de discusión previa en las comisiones de Energía.

Vicios constitucionales y vulneración de derechos

En un documento de 25 páginas presentado ante el TC, la Asociación de Empresas Eléctricas argumenta que la disposición atenta contra garantías constitucionales clave:

  1. Igualdad ante la ley: Traslada el costo de deudas impagas —incluso previas o ajenas a la catástrofe— desde el cliente moroso hacia las empresas, sin indemnización ni justificación, equiparando al usuario moroso con quien mantuvo sus cuentas al día.
  2. Derecho de propiedad: Extingue el derecho de cobro por servicios prestados al obligar a reconectar gratuitamente e impedir el cobro de la revisión técnica, lo que consideran una medida de carácter expropriatorio.
  3. Libertad para desarrollar actividades económicas: Altera de manera unilateral y permanente las condiciones de los servicios regulados sin pasar por la institucionalidad sectorial.

Alerta por riesgos de seguridad técnica

Desde el sector eléctrico y de gas natural recalcan que imponer plazos perentorios para la reconexión ignora la realidad operativa de una catástrofe y compromete la seguridad física de trabajadores y usuarios.

"Ninguna regulación debiera poner a los trabajadores ni a los propios usuarios en riesgo por cumplir un plazo artificial", enfatizó el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, señalando que la norma obliga a desviar recursos de la reparación general de redes hacia reconexiones individuales.

Por su parte, la AGN, apoyada en el abogado Patricio Zapata y un informe de la consultora Gamma Ingenieros, advirtió que el gas por redes exige revisiones de seguridad rigurosas que no admiten el plazo perentorio de 48 horas fijado por la norma. El gremio argumenta que presionar por un restablecimiento apresurado premia deudas anteriores desvinculadas de la emergencia y debilita la cultura de cumplimiento, poniendo en riesgo la infraestructura técnica y la seguridad de las personas.