Corren tiempos complejos para el comercio internacional en un escenario de guerra y de cambios políticos en Estados Unidos, Europa y Oriente Medio. Mucho se ha escrito ya al respecto.

En este marco, se han impuesto barreras arancelarias, al tiempo que se desarrolla una controversia discursiva sobre los productos y servicios que son exportados desde lugares como Chile, la Argentina, Perú, entre otros.

Desde la salmonicultura al petróleo pasando por los langostinos, la ganadería y tantos otros. Cada productor tuvo su experiencia al respecto: verse confrontado por la calidad, origen y formas productivas de su oferta en los mercados del llamado Primer Mundo.

La visión ecologista más radicalizada ha establecido sus propios parámetros de valor y esto también juega en el intercambio a nivel planetario.

A fines de julio de 2026, Estados Unidos impuso un arancel adicional de 12,5% a Chile en el marco de una investigación de la Oficina del Representante Comercial (USTR) bajo la Sección 301. Aunque el procedimiento finalmente no concluyó que el salmón chileno se produjera con trabajo forzoso ni identificó exportaciones específicas vinculadas a esa práctica, cuestionó la regulación nacional por no contar con una prohibición de importaciones suficientemente eficaz según estándares estadounidenses.

Sin embargo, en las audiencias previas, dos organizaciones chilenas —Centro Ecoceanos y Fundación Libera— trasladaron ante autoridades de los Estados Unidos la acusación de indicadores de trabajo forzoso en la salmonicultura ante el organismo estadounidense.

El 8 de julio de 2026, Carolina Rudnick, de Fundación Libera, intervino en representación de ambas entidades. En la exposición de Ecoceanos afirmó haber identificado evidencia de los 11 indicadores de trabajo forzoso de la OIT en la industria salmonera chilena, con base en investigaciones propias, de Libera y entrevistas a trabajadores y sindicatos.

Solicitó incluso que los productos salmoneros fueran objeto de una Withhold Release Order (WRO) u otras restricciones. Libera, por su parte, había presentado en abril un documento de 15 páginas ante la misma investigación, donde denunció indicadores de trabajo forzoso en salmonicultura y agricultura, afirmó haber verificado 83 muertes de trabajadores entre 2013 y 2026, y recomendó aranceles y restricciones a productos chilenos.

El origen del financiamiento de estas ONG ha generado interrogantes, especialmente por los vínculos extranjeros. Según reveló El Líbero, Ecoceanos figura como colaborador internacional del proyecto DARKLAX (“The Dark Side of Sustainability: Norway and the Rise and Fall of Salmon Farming in Chile”), de la Universidad de Bergen.

Este recibió en 2024 un financiamiento de 12 millones de coronas noruegas (alrededor de 1.100 millones de pesos chilenos) del programa FRIPRO del Research Council of Norway, organismo estatal. El proyecto, que se extiende hasta 2029, contempla documental, artículos, intervenciones en medios y trabajo con actores políticos, e identifica a Ecoceanos y a su director, Juan Carlos Cárdenas, con quien el investigador principal Ernesto Semán mantiene “correspondencia permanente”. Noruega es el principal productor mundial de salmón y competidor directo de Chile.

Además, Ecoceanos ha reconocido el apoyo de la Marisla Foundation, fundación privada estadounidense con sede en California y enfocada en conservación marina en Chile. Esta financió informes como “Salmones de sangre del sur del mundo” (2019) y “Biodiversidad marina bajo amenaza” (2024). Marisla fue una de las fundadoras de Oceana en 2001, organización que opera en Chile desde 2003 y trabaja para frenar la expansión de la acuicultura del salmón en la Patagonia.

Oceana es financiada a su vez por Rockefeller Brothers Fund , la Fundación Sandler y The Pew Charitable Trusts.

Fundación Libera integra la Plataforma Chilena de la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos y Empresas, vinculada al proyecto REDAR (Respeto Empresarial, Derechos, Ambiente y Responsabilidad). REDAR es cofinanciado por la Unión Europea a través de la Delegación de la UE en Chile; FIMA figura como beneficiaria principal, con el Observatorio Ciudadano y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales como coejecutores. Observatorio Ciudadano, a su vez, reconoce apoyo histórico de Norwegian People’s Aid (Ayuda Popular Noruega). Según Rudnick, Libera se ha adjudicado proyectos de Anti-Slavery International, Fair Food Program y The Freedom Fund.

Estos vínculos —fondos públicos noruegos, fundaciones estadounidenses ligadas a Oceana y financiamiento europeo a través de plataformas con FIMA— muestran una red de apoyos extranjeros detrás de las organizaciones que intervinieron en un proceso comercial que afectó a un sector exportador estratégico chileno. La transparencia sobre el origen y uso de estos recursos sigue siendo un debate abierto en el país.

En el Congreso permanece un proyecto de ley del senador Miguel Angel Calisto por Aysén, para que se obligue a las ONG blanquear el origen de sus fondos.

Fuente: https://ellibero.cl/actualidad/los-financiamientos-y-vinculos-extranjeros-detras-de-las-ong-que-apuntaron-contra-el-salmon-chileno-en-ee-uu/