En una jugada de última hora que reconfiguró por completo el tablero político y económico, el Gobierno ingresó una sorpresiva indicación a la megarreforma económica que se tramita en el Congreso. La enmienda, presentada durante la madrugada, establece una rebaja definitiva del impuesto de primera categoría (impuesto corporativo) a un 22%, modificando la propuesta anterior que lo situaba en un 23% y reduciendo drásticamente la tasa actual vigente del 27%.

De acuerdo con el Ejecutivo, el ajuste busca blindar las inversiones extranjeras, dar un impulso sustancial al crecimiento local y acercar la tributación a los promedios de los países de la OCDE. Sin embargo, para amortiguar el costo fiscal en los primeros años, el beneficio se limitará de forma exclusiva al impuesto de las corporaciones.

Plazos de invariabilidad y nuevas exigencias

El documento oficial ingresado al Senado introduce un modelo de estabilidad fiscal proporcional según el tamaño de la inversión privada:

  1. Proyectos de hasta US$350 millones: Asegurarán un piso de 15 años de estabilidad e invariabilidad tributaria.
  2. Megaproyectos superiores a US$350 millones: Gozarán de un techo máximo de 20 años de invariabilidad.

Para acceder a este esquema simplificado, las empresas deberán cumplir con estrictos requisitos regulatorios: acreditar el origen lícito de sus fondos, demostrar capacidad financiera real para la ejecución del proyecto y no registrar condenas por delitos tributarios previos. Adicionalmente, las corporaciones estarán obligadas a entregar informes detallados respecto a su impacto estimado en la creación de empleo local y planes de relacionamiento territorial.

Terremoto político: El PPD congela el acuerdo con La Moneda

La sorpresiva maniobra de La Moneda cayó como un balde de agua fría en el Congreso, provocando una crisis política inmediata en la Comisión de Hacienda del Senado. La bancada del Partido Por la Democracia (PPD) anunció la congelación total de su acuerdo estratégico con el oficialismo.

El jefe de la bancada del PPD, Ricardo Celis, manifestó la molestia del sector acusando un incumplimiento de lo pactado:

"A último minuto deciden bajarle aún más los impuestos a los súper ricos. El diálogo siempre contempló aplicar una sobretasa del 1,5% sobre un régimen del 23%, por lo que este inesperado ajuste altera por completo las bases y merma los recursos destinados a gasto social".

Con este quiebre de la centroizquierda, el frágil puente que el Ejecutivo había construido para evitar que la oposición lleve el texto al Tribunal Constitucional quedó completamente dinamitado, abriendo un escenario de total incertidumbre para el futuro legislativo de la megarreforma.