Una densa red de contradicciones, deudas tributarias sin aclarar y denuncias penales por presunto fraude al fisco mantiene al diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme Ducci, en el centro de una de las crisis de transparencia más complejas de los últimos años.
Lo que comenzó como la detección de omisiones en su declaración de patrimonio escaló rápidamente a los tribunales de Punta Arenas, revelando un mecanismo institucional bajo sospecha y documentos oficiales que desmienten de forma categórica la defensa pública del parlamentario.
Mientras el legislador ha optado por un hermetismo casi total frente a la prensa, restringiendo de forma estricta los comentarios en sus redes sociales para evadir las exigencias de claridad de la ciudadanía, los registros del Poder Judicial, el MINVU, Tesorería y Sercotec hablan por sí solos.
A continuación, un desglose cronológico y documentado de los hechos que configuran el "Caso Riquelme".
Cronología del caso: Del secreto patrimonial a la querella criminal
Mayo 2026: Las omisiones patrimoniales y la deuda triplicada
La investigación periodística de ZonaZero sacó a la luz que la declaración de patrimonio obligatoria del diputado Riquelme omitía información crucial sobre su red societaria. Específicamente, se detectó que la sociedad Inmobiliaria e Inversiones RD Limitada, en la cual participa el parlamentario, mantenía ocultos un conjunto de terrenos con morosidad fiscal. Aunque inicialmente se rastreó una deuda de $95,3 millones, nuevos informes consolidados de la Tesorería General de la República revelaron que la deuda tributaria real por contribuciones impagas ascendía a $274.524.232, triplicando las estimaciones iniciales. Asimismo, se detectaron inconsistencias en roles declarados (como los predios 5011-27 y 5011-28) que figuraban "Sin bienes raíces" en el Servicio de Impuestos Internos (SII) o a nombre de terceros en Tesorería.
26 de Mayo 2026: Estalla la arista del presunto fraude en viviendas sociales
La situación administrativa pasó a ser de índole penal cuando se reveló el Oficio Ordinario N°64 del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de Magallanes. El director regional (S) del organismo, Omar González Asenjo, denunció formalmente ante la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) la existencia de un presunto fraude en la asignación de viviendas sociales del programa D.S. 49, destinado exclusivamente a familias pertenecientes al 40% más vulnerable de la población.
El documento describió un "mecanismo invertido" de reemplazos de beneficiarios operado por la entonces Jefa de Operaciones Habitacionales, Jacqueline Lleucún Uribe. Ella proponía los nombres directamente a la Entidad Patrocinante (Inmobiliaria Salfa Austral), esta los formalizaba y la misma funcionaria firmaba la resolución técnica de aprobación. El "Caso 1" de esta denuncia vinculó directamente a Susan Liliana Chicuy Godoy, conviviente del diputado Riquelme, como beneficiaria de una vivienda social bajo este esquema en el proyecto "Estepa Austral I".
Fines de Mayo 2026: La Fiscalía abre causa penal de oficio
Tras analizar la gravedad de los antecedentes remitidos por el SERVIU, la Fiscalía de Magallanes abrió formalmente una investigación criminal de oficio. El Ministerio Público validó administrativamente la denuncia al determinar que el esquema de asignación y reemplazos visado por Lleucún revestía caracteres de delito, gatillando las primeras diligencias orientadas a esclarecer el presunto fraude habitacional.
29 de Mayo 2026: Los descargos y la tesis de la "separación"
Ante la presión pública, el diputado Riquelme utilizó el método del comunicado para desmarcarse de las imputaciones contra su pareja. Su estrategia de defensa se basó en una precisión temporal estricta: afirmó que cuando Susan Chicuy postuló y obtuvo el beneficio habitacional durante el año 2022, ambos se encontraban separados y no existía convivencia entre ellos. Además, argumentó que el proyecto provenía de un convenio GORE-MINVU firmado en 2021, época previa a que asumiera cargos de representación pública, y apeló a la presunción de inocencia. Previamente, en declaraciones radiales, había calificado las publicaciones de "periodismo de guerrilla" y de ser una "operación política" financiada por fundaciones afines al gobernador regional, Jorge Flies.
1 de Junio 2026: El desmentido de los tribunales y el MINVU
La defensa temporal del parlamentario se desmoronó al contrastarse con los archivos del Poder Judicial. Documentos oficiales de la causa Rol C-705-2022 del Juzgado de Letras de Punta Arenas demostraron que en junio de 2022 —el mismo año en que se otorgó el subsidio por vulnerabilidad— el propio Alejandro Riquelme fijó formalmente su domicilio en la misma propiedad de Susan Chicuy. El expediente judicial acreditó que el legislador actuó activamente en representación legal de los intereses comerciales de Chicuy, confirmando que la relación sentimental, societaria y de convivencia se mantuvo ininterrumpida.
Cabe señalar, que en el año 2023 ya habían presentado a Chicuy como testigo de su defensa ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, en la causa RIT 1100-2023 seguida por injurias. Al declarar bajo juramento ante la jueza Paula Andrea Stange Kahler, Chicuy no dejó margen para la ambigüedad: “Soy pareja de Alejandro Riquelme hace como 18 años, y además somos socios de la empresa Magallania, de la cual yo soy la representante”. Según consta en la página 21 del fallo, ambos fundaron esa sociedad en 2007, viajaban juntos a realizar capacitaciones y él operaba como relator principal de las actividades financiadas con fondos del Sernameg. Una unión comercial y afectiva de casi dos décadas que el diputado intentó hacer invisible en su comunicado de prensa.
Paralelamente, resoluciones técnicas del MINVU desmintieron la tesis del convenio de 2021: los informes demostraron que los recursos extraordinarios específicos bajo la modalidad D.S. 49 para el proyecto en cuestión fueron gestionados, tramitados y visados mediante resoluciones emitidas durante el año 2022, coincidiendo de forma exacta con el periodo en que operaba el cuestionado mecanismo de reemplazos.
2 de Junio 2026: Escalada a querella criminal formal
La ofensiva judicial sumó un nuevo hito cuando el abogado Robinson Quelín interpuso una querella criminal por el delito de fraude al fisco (previsto en el artículo 239 del Código Penal) ante el Juzgado de Garantía de Punta Arenas. La acción judicial, admitida a tramitación bajo el Rol O-2011-2026, se dirige formalmente en contra del diputado Alejandro Riquelme Ducci y del exdirector regional del SERVIU, Dubalio Pérez Ruiz, unificando penalmente la indagatoria sobre las asignaciones irregulares.
El contraste económico: Vulnerabilidad vs. Facturaciones Multimillonarias
El núcleo de la contradicción pública y la falta de transparencia que cuestiona la ciudadanía radica en el contraste entre el perfil socioeconómico requerido para obtener un subsidio D.S. 49 y el flujo financiero real de la pareja.
Informes comerciales e institucionales detallan que la sociedad Magallania Capacitación Limitada —propiedad en un 90% del diputado Riquelme y en un 10% de su conviviente, Susan Chicuy— operó activamente como Agente Operador Intermediario (AOI) del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) en la Región de Magallanes. Entre los años 2020 y 2025, esta sola empresa facturó al Estado la suma exacta de $2.443.415.702.
El flujo de caja de la sociedad de la cual Chicuy es socia muestra una holgura económica persistente, distribuida de la siguiente manera:
| Año Comercial | Monto Facturado a Sercotec | Contexto del Caso |
| 2020 | $346.000.000 | Operación normal de la sociedad. |
| 2021 | $218.000.000 | Operación comercial como Agente Operador. |
| 2022 | $552.000.000 | Año en que se postula y asigna el subsidio por "vulnerabilidad". |
| 2023 | $493.000.000 | Gestión de fondos de fomento regional. |
| 2024 | $492.000.000 | Facturación sostenida con el aparato estatal. |
| 2025 | $340.000.000 | Consolidación del flujo societario. |
El punto de quiebre: Solo durante el año 2022, mientras la sociedad de la pareja percibía más de 550 millones de pesos provenientes de recursos públicos de fomento, Susan Chicuy figuraba ingresando al programa de viviendas sociales reservado para familias en situación de extrema precariedad económica. Sumado a esto, entre los años 2007 y 2025, la misma sociedad facturó de forma global con diferentes reparticiones del Estado un total superior a los $1.096 millones.
La falta de respuestas y el silencio digital
La respuesta de la diputación frente a la contundencia de los antecedentes se ha caracterizado por una doble estrategia: la confrontación política en medios seleccionados y la evasión en el ecosistema digital. Ante las reiteradas consultas de la prensa local para obtener aclaraciones sobre los $274 millones adeudados por su inmobiliaria o las contradicciones de su domicilio en la causa civil, el parlamentario ha mantenido un estricto silencio.
Esta opacidad se ha trasladado directamente a sus canales de comunicación directa con los electores. En sus perfiles oficiales de redes sociales, el equipo del legislador activó la limitación y bloqueo de comentarios. Esta medida impide que los usuarios de la región realicen preguntas, exijan respuestas o cuestionen los dictámenes del SERVIU. Al restringir la interacción, la ciudadanía se ha visto privada de una vía democrática para exigir la rendición de cuentas de una autoridad que, por ley, debe fiscalizar los actos de gobierno, pero que hoy enfrenta procesos paralelos en la Fiscalía Local y en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas bajo la carátula de fraude al fisco.
