La tesis de que el orden social e institucional justifica la restricción temporal o permanente de ciertas libertades y derechos es el pilar del pensamiento portaliano, una doctrina histórica en la que el presidente Kast se apoya explícitamente para fundamentar su visión de un "gobierno de emergencia" y de autoridad fuerte. Así hemos escuchado con más frecuencia el uso del concepto Libertad en el discurso político. Debe ser porque nos inspira el deseo de tener control sobre nuestras vidas y no ser un mero instrumento de las circunstancias o de la voluntad o poder de otros. Sin embargo, que todos aspiremos a la libertad no significa que entendamos lo mismo sobre ella. Por ello muchas veces este noble concepto se ha usado para justificar violencia, la opresión o el exterminio. Sin embargo, cada cierto tiempo aparecen políticos que piden sacrificar democracia y derechos como "costos necesarios e inevitables" para alcanzar la libertad. Y justo ahí se aprovechan y usan la libertad como consigna alejándola del derecho.

La libertad es un valor tan deseado que por ello muchos quieren adueñarse de lo que significa. La definición más básica de libertad plantea que una persona puede hacer lo que quiera bajo su responsabilidad. Sin embargo, cuando se aplica a la vida real se torna complejo, porque vivir en sociedad significa que las decisiones de cada uno pueden afectar a los demás. Cuando internalizamos que la libertad tiene límites surge la pregunta ¿quién tiene la autoridad para fijar los límites y a quién terminan beneficiando? La respuesta termina diferenciando la visión de la derecha e izquierda política.

El balance de los primeros 100 días del presidente Kast que destaca la baja en homicidios y el repunte de la inversión privada, pero minimiza el recorte al presupuesto de cada ministerio, el retiro de normas ambientales o el proyecto para rebajar el impuesto que pagan las empresas, nos da la oportunidad de analizar y explicar las distintas versiones del concepto de libertad entre izquierda y derecha en Chile. El contraste, entre lo destacado y lo minimizado en la cuenta pública nos enseña sobre la forma de quién fija los límites determina el tipo de libertad. En este caso la macroeconomía esta por sobre el bien común.

La derecha chilena pone el límite de la libertad lo más lejos posible del individuo, lo cual se traduce en la libertad para invertir con bajos impuestos o sin que la regulación ambiental demore los proyectos, para que las empresas retengan más utilidades, para que cada familia elija entre salud y educación pública o privada, según lo que pueda pagar. Es una libertad legítima teóricamente, pero en la práctica tiende a privilegiar a quienes ya cuentan con recursos, información o redes para moverse sin restricciones. El argumento de fondo sostiene que el mercado premia el mérito y que basta reducir el Estado para que la prosperidad se distribuya por goteo desde el empresario a los trabajadores.

La izquierda, en cambio, pone el límite en la desigualdad de origen, no en la decisión individual posterior. No hay libertad real para estudiar si la historia del estudiante estuvo marcada por la desigualdad de origen, de igual forma para procurar mejor salud si una enfermedad significa endeudarse de por vida. La razón de fondo es que elegir sólo es posible cuando existen opciones reales entre las cuales elegir, y la pobreza reduce esas posibilidades hasta volverlas casi simbólicas. Así una persona puede tener el mismo derecho legal a estudiar medicina que cualquier otra, pero si su familia no puede sostener años de estudios esa libertad nunca se traduce en una elección posible. Por eso la izquierda chilena ha insistido en que el Estado debe ser garante de derechos sociales mínimos, no como una limosna, sino como el piso mínimo que hace posible que la libertad teórica se traduzca en libertad efectiva.

Los hechos recientes permiten graficar ambos relatos. El terreno donde mejor se ve esta diferencia no es el tributario, sino el ambiental. El retiro de normas de calidad del aire que llevaban años en revisión técnica no es un tecnicismo, es una decisión que traslada el costo de la “libertad para invertir” hacia las comunidades que respirarán ese aire, casi siempre de menores ingresos, que no pueden elegir mudarse de comuna ni pagar una clínica privada si se enferman.

El argumento de quienes defienden la desregulación se basa en que sin crecimiento sostenido ningún subsidio ni pensión garantizada es sostenible en el tiempo; sin embargo, muchas veces propone un camino que suele exigir un sacrificio inmediato de los más vulnerables. Mientras que para los defensores de la desregulación el crecimiento económico abre la puerta a la libertad de progresar por esfuerzo propio, para los críticos, desproteger al ciudadano en el presente reduce su libertad a una mera ilusión jurídica, ya que la pobreza extrema impide, en la práctica, tomar cualquier decisión libre.

Probablemente, La solución no es elegir entre ambas libertades, sino exigir que todo esfuerzo por acelerar la inversión respete un principio de no regresión social y ambiental. Una síntesis entre crecimiento y derechos, entre la libertad para invertir y la libertad para vivir sin sufrir por el lucro de otro. Mientras esa síntesis no exista, seguiremos discutiendo entre libertad y consecuencias, dos caras de un mismo límite que la política chilena no logra equilibrar con justicia.

Por Juan Marcos Henríquez, columnista.