Cada día resulta más difícil comprender la desorganización, la falta de lealtad política y el escaso compromiso que muestran algunas expresiones de la oposición representada en el Parlamento frente al Gobierno del Presidente Kast. Es necesario decirlo con total transparencia: lo ocurrido con ciertos senadores, que por iniciativa propia han negociado con el Ministerio de Hacienda su disposición a apoyar la megarreforma impulsada por el Ejecutivo, constituye una señal preocupante.

Situaciones similares se han repetido incluso dentro de los propios partidos políticos, donde militantes y dirigentes terminan enterándose por la prensa de conversaciones sostenidas por sus compañeros con el Gobierno. En términos simples, esto refleja un desorden imperdonable en una oposición que aparece cada vez más desintegrada. Lo que está ocurriendo permite pensar que el actual Gobierno podría avanzar con mucha mayor facilidad en sus proyectos, precisamente por la falta de coordinación opositora.

Sin una estrategia común, las negociaciones se vuelven más simples para el Ejecutivo y más débiles para quienes deberían ejercer un rol fiscalizador y de contrapeso democrático. La falta de unidad no solo facilita eventuales recortes sociales; también abre la puerta a medidas que podrían significar retrocesos lamentables en conquistas laborales y en otros derechos obtenidos durante años. Se trata, además, de materias respecto de las cuales esta administración ha mostrado profundas diferencias. Todo lo descrito ocurrió en días recientes.

Hoy, sin embargo, conocemos que esos denominados “negocios individuales” aparentemente se han ido debilitando uno a uno, lo que podría abrir espacio para recuperar, al menos parcialmente, una relativa unidad opositora. Aun así, la lección que dejan estos episodios resulta inquietante: el comportamiento personal de algunos parlamentarios de oposición genera dudas legítimas sobre su compromiso con una estrategia colectiva, con la responsabilidad pública y con la defensa coherente de las posiciones que dicen representar.

En contraste con lo anterior, hoy corresponde valorar con respeto la actitud asumida por la presidenta del Senado, Paulina Núñez. Su disposición a promover el diálogo entre los integrantes del Parlamento y el Ejecutivo, en el marco de la discusión sobre la megarreforma, constituye un gesto de responsabilidad democrática que merece reconocimiento. Más allá de las diferencias políticas legítimas, el hecho de impulsar espacios de entendimiento y conversación representa una señal que debiera ser imitada por muchos actores del mundo parlamentario.

En tiempos de polarización, abrir caminos de diálogo no es una señal de debilidad, sino una expresión de madurez institucional. Núñez ha debido asumir críticas, molestias y descalificaciones provenientes de sectores de la ultraderecha que rechazan cualquier forma de acuerdo con la oposición. Precisamente por eso, su actitud debe ser destacada en su justo mérito: porque apunta a resguardar una discusión seria, responsable y democrática sobre una iniciativa económica de alta relevancia para el país.

Por Miguel Sierpe Gallardo, columnista.