La controversia abierta tras el traslado del recluso ecuatoriano Ronald Quiñones Quinteros —imputado por sicariato y secuestro— al Complejo Penitenciario de Punta Arenas sumó una fuerte arremetida institucional desde el ámbito municipal. El alcalde, Claudio Radonich, inició una ofensiva ante el Gobierno y el Congreso Nacional para impulsar una modificación legal que vuelva obligatorios y vinculantes los informes técnicos de Gendarmería de Chile al momento de decidir la destinación penitenciaria de imputados de extrema gravedad.

La iniciativa busca frenar decisiones judiciales o administrativas que ignoren las alertas emitidas por la propia institución penitenciaria, asegurando que reos ligados al crimen organizado no sean derivados a recintos que carecen de la infraestructura y tecnología adecuada.

La propuesta: Informes técnicos vinculantes para los tribunales

El jefe comunal fundamentó el envío de oficios dirigidos al Ministro de Justicia, la Ministra de Seguridad Pública, las presidencias de la Cámara de Diputados y del Senado, así como a los parlamentarios de la Región de Magallanes:

  1. Soberanía técnica: "Para nosotros esto no se ha olvidado (...). Hemos enviado oficios para que se genere una norma que hubiera cambiado esto: que los informes de Gendarmería sean vinculantes, porque Gendarmería explicó claramente que no se dan las condiciones en Punta Arenas para tener a un preso de estas características", enfatizó Radonich.
  2. Coordinación en Santiago: El alcalde confirmó reuniones de trabajo en la capital con el subsecretario de Prevención del Delito para acelerar la tramitación del ajuste normativo.
  3. Freno al efecto migratorio delictivo: La autoridad comunal alertó sobre el impacto indirecto que provocan estos traslados en la comunidad local, señalando el riesgo latente de asentamiento de redes de apoyo, familiares o células operativas asociadas al crimen organizado en la zona austral.

Para el municipio de Punta Arenas, la resolución del problema exige una respuesta legislativa urgente que impida que Magallanes siga funcionando como una zona de despresurización o contingencia para los penales del norte y centro del país.

"Se abrió la puerta y queremos cerrarla rapidito, pero eso necesita un cambio legal", sentenció el alcalde, apelando al compromiso transversal de los senadores y diputados de la región para que promuevan la indicación en la Comisión de Constitución y Seguridad. La meta fijada por la administración local es garantizar que los imputados por delitos de alta connotación permanezcan exclusivamente en recintos de máxima seguridad que cuenten con inhibición de señal telefónica, blindaje y dotación especializada.