Una grave denuncia por presunta vulneración de derechos fundamentales salpica a la Dirección Regional del Instituto Nacional de Deportes (IND) de Magallanes. La acción judicial, ya notificada de manera oficial en la sede institucional de calle Uruguay, apunta directamente a las decisiones adoptadas por el director regional del servicio, Héctor Serka Kusanovic, acusando irregularidades administrativas, ocultamiento de información y un trato discriminatorio.

La demanda fue interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas por el profesional Jorge Andrés Cárdenas Ovando, quien se desempeñaba como Encargado de Mantenimiento del Complejo Deportivo Fiscal. El profesional ingresó a la institución tras ganar un concurso público cuyo marco contractual establecía que, superados dos periodos de prueba y con una evaluación de desempeño positiva, su contrato pasaría automáticamente a carácter indefinido.

Del desempeño sobresaliente al despido "exprés"

Según consta en el expediente judicial (Causa RIT T-206-2026), el 21 de julio el profesional fue notificado de su evaluación de desempeño realizada por la propia jefatura regional, obteniendo la calificación máxima de nota 7,0 en todos los ítems. Acto seguido, su jefe directo, Nelson Díaz Piffaut, remitió el formulario formal requiriendo el paso a contrato indefinido a contar de agosto.

Sin embargo, el escenario cambió abruptamente el 31 de julio, cuando Cárdenas fue citado a la oficina del Director Regional, Héctor Serka, para comunicarle el término de sus servicios invocando el vencimiento del plazo. En la oportunidad, la autoridad le habría manifestado verbalmente que la medida obedecía a una "decisión de su jefatura", lo que no coincidía con el historial de su desempeño.

Presiones, informes "paralelos" y ocultamiento

La acción legal saca a la luz graves maniobras internas. La demanda detalla que, aprovechando que el jefe titular se encontraba haciendo uso de su feriado legal, la funcionaria subrogante Doris Martínez Caimilla emitió el 28 de julio un segundo informe desfavorable —redactado fuera de plazo, sin los formatos institucionales y con juicios de valor personalistas— alegando supuestas negligencias técnicas.

Dicho informe paralelo habría sido utilizado para revertir la continuidad del trabajador, siendo mantenido en reserva y "ocultado maliciosamente" sin notificar al afectado sino hasta el 2 de septiembre, mediante una solicitud por Ley de Transparencia, impidiéndole ejercer su derecho a réplica.

A esto se suma la acusación de que la jefatura titular del afectado habría recibido una amenaza explícita de sumario administrativo por parte del Director Regional al retornar de sus vacaciones, recriminándole por haber compartido con el trabajador los antecedentes de su evaluación positiva.

Acusación de discriminación y alteración de registros

El escrito judicial plantea además una clara discriminación arbitraria, al comparar la situación del demandante con la de otros dos profesionales contratados en el mismo concurso público para el Centro Elige Vivir Sano. A diferencia de Cárdenas, dichos trabajadores continuaron prestando funciones y avanzando a la contratación indefinida sin que mediara informe de desempeño previo de su jefatura.

Asimismo, la demanda destaca una anomalía detectada el 2 de septiembre en el Portal de Empleos Públicos, donde la nómina oficial del concurso público resuelto meses atrás habría sido modificada a posteriori para relegar al demandante del primer al segundo lugar y ubicar como ganador al funcionario contratado para reemplazarlo.

Exigencias y cita en tribunales

Junto con exigir las prestaciones adeudadas e indemnizaciones legales, la demanda solicita una compensación por daño moral, además de las sanciones punitivas que contempla la Tutela Laboral, o la restitución inmediata a su cargo.

El Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas ya certificó la notificación personal en las dependencias del IND y fijó la audiencia preparatoria del juicio para el próximo 26 de noviembre de 2026.