Una investigación periodística publicada por el medio digital El Patagón puso nuevamente en el foco público al ex seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes y actual presidente regional del Frente Amplio, Marco Uribe. Según los antecedentes divulgados por dicho medio, la ex autoridad habría participado en la evaluación e instancia de priorización de un proyecto de espacio público en Villa Renoval (comuna de Natales) por un monto cercano a los $1.100 millones, apenas 43 días después de haber adquirido dos propiedades en esa misma localidad.

De acuerdo con el desglose cronológico expuesto por El Patagón, Uribe habría adquirido los terrenos el 17 de abril de 2024. Tan solo ocho días más tarde, el 25 de abril, se cursó la invitación para el Programa de Espacios Públicos. Posteriormente, el 30 de mayo de ese mismo año, el entonces seremi habría integrado la Comisión Revisora Regional que evaluó y respaldó el proyecto de plaza para la zona, el cual, figuraba como la única propuesta presentada en la región durante dicho proceso.

Los documentos revisados por el medio digital consignan que no constaría una abstención formal, declaración de inhabilidad ni consulta jurídica previa por parte de Uribe al momento de votar o visar la iniciativa. La publicación precisa que la adquisición de los inmuebles no constituye por sí sola una irregularidad ni demuestra un beneficio económico directo, pero sí abre interrogantes administrativas sobre el cumplimiento de los resguardos y principios de probidad que rigen a los funcionarios públicos en eventuales situaciones de conflicto de interés.

Consultado por El Patagón, el ex seremi descartó irregularidades en su actuar, sosteniendo que "no participé en la evaluación [...] de las ofertas ni en la adjudicación de la licitación de su diseño". Asimismo, afirmó que los inmuebles fueron adquiridos con fines "personales y recreativos" y que fueron debidamente incorporados en sus declaraciones de patrimonio correspondientes.

Sin embargo, las descargos de la ex autoridad chocarían directamente con los antecedentes documentales que expone El Patagón. Según el reportaje, el Ordinario Nº0378, con fecha 30 de mayo de 2024 y firmado de su propio puño y letra como Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, daría cuenta de que Uribe sí habría firmado e integrado formalmente la instancia institucional que priorizó y validó la matriz de evaluación del proyecto. Este oficio revelaría que, pese a sus descargos públicos, la ex autoridad habría encabezado el proceso administrativo de selección regional, desmintiendo la versión de que se mantuvo completamente ajeno a la tramitación de la iniciativa.

El hallazgo del documento vuelve a encender las alarmas en torno al estricto cumplimiento de las normas de probidad administrativa. De acuerdo con el marco legal aplicable a las autoridades de Estado, frente a la presencia de intereses patrimoniales o familiares directos en una zona bajo decisión presupuestaria, el deber de abstención se alza como una garantía irrenunciable para resguardar la imparcialidad pública. Al no dejarse constancia de algún mecanismo formal de alejamiento en las actas de la Seremi, el caso reabre la controversia ética y legal sobre la veracidad de los descargos y la transparencia en la priorización de cuantiosos recursos públicos.