El Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile detectó que la Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas incumplió, durante nueve años consecutivos, su obligación legal de remitir las memorias explicativas y los balances financieros anuales exigidos a las personas jurídicas sin fines de lucro.

Según un oficio remitido a la Cámara de Diputados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, el incumplimiento contraviene el artículo 557-1 del Código Civil, que obliga a llevar contabilidad y a confeccionar anualmente una memoria de actividades y un balance aprobado por el directorio.

A partir de este hallazgo, la cartera solicitará a la ONG y al Servicio de Registro Civil una serie de antecedentes —actas de asambleas y sesiones de directorio, cuentas y memorias aprobadas, libros de contabilidad, inventarios y remuneraciones— para evaluar la apertura de un procedimiento de fiscalización. El ministerio también oficiará al Registro Civil para obtener copia del acto constitutivo de la fundación.

El propio Departamento de Personas Jurídicas informó que el 17 de agosto realizó una búsqueda exhaustiva de los documentos de la fundación sin encontrarlos, por lo que pidió a la organización regularizar su situación a la brevedad.

Consultada al respecto, la directora de Libera, Carolina Rudnick, sostuvo que el 23 de junio de 2025 intentaron ingresar sus memorias y balances al sistema del ministerio, pero no lograron subirlos por problemas en la plataforma. Rudnick agregó, según consignó Ex-Ante, que se ha sentido objeto de una persecución y de duros ataques en redes sociales desde que se conoció su comparecencia ante la USTR, y remarcó que Libera es una fundación pequeña cuyos profesionales trabajan pro bono.

En el proceso llevado a cabo ante EE. UU. también participó el Centro Ecocéanos; sin embargo, el Ministerio de Justicia precisó que esta última es una organización comunitaria y no está sujeta a las mismas obligaciones legales de rendición contable que las fundaciones.

La Fundación Libera presentó denuncias e informes sobre supuestas situaciones de trata y trabajo forzoso en las industrias de la salmonicultura y la agricultura en Chile. Dichas exposiciones ante la USTR formaron parte del proceso que culminó con la decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel o sobretasa del 12,5% a ciertas exportaciones chilenas, lo que provocó duras críticas hacia la ONG desde sectores empresariales y del Gobierno.

El antecedente: la denuncia ante la USTR

Libera alcanzó notoriedad pública luego de que, el 15 de abril, presentara comentarios formales ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), en el marco de la investigación abierta bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que examina si 60 economías, entre ellas Chile, han omitido prohibir efectivamente la importación de bienes producidos con trabajo forzado.

El documento presentado acreditaba la presencia de los once indicadores de trabajo forzado reconocidos por la OIT en dos sectores exportadores clave: la agricultura —particularmente la producción de arándanos, mandarinas y clementinas de exportación— y la industria del salmón.

Libera fue una de las organizaciones que participó ante la USTR en la investigación que terminó con la imposición de una sobretasa arancelaria de 12,5% a parte de las exportaciones chilenas, junto al Centro Ecocéanos. El Ministerio de Justicia precisó que Ecocéanos, al ser una organización comunitaria, no está sujeto a la misma obligación de entregar memorias y balances que sí recae sobre Libera.

Tras conocerse la aplicación del arancel, Rudnick debió salir a desmentir que la fundación hubiera impulsado la medida. Afirmó que su organización fue cuestionada y culpada por parte de la opinión pública de ser la causante de esa decisión, aunque insistió en que la participación de Libera ante la autoridad estadounidense no buscaba solicitar nuevos aranceles, sino impulsar cambios regulatorios internos en el país.