El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas rechazó la solicitud de prisión preventiva presentada en contra del exalcalde de Puerto Natales, Fernando Paredes Mansilla, luego de que el Ministerio Público —a través de la Fiscalía Regional de Ñuble— y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidieran intensificar las medidas cautelares tras conocerse su condena.

Los entes querellantes argumentaron la existencia de un eventual "peligro de fuga" fundado en la pena impuesta de 5 años y un día de presidio efectivo como autor del delito de cohecho en el marco del denominado "Caso Luminarias LED". Sin embargo, la magistratura desestimó la petición de la Fiscalía y acogió los planteamientos presentados por el abogado defensor, Juan Carlos Rebolledo.

Con esta resolución, la exautoridad mantendrá el régimen de medidas cautelares con el que llegó a la instancia del juicio oral: prohibición de salir del país y la obligación de firmar una vez al mes ante Carabineros. Dicho esquema se mantendrá vigente mientras la sentencia no se encuentre firme y ejecutoriada, período en el cual la defensa alista la interposición de un recurso de nulidad ante los tribunales superiores de justicia para intentar revertir el fallo.

Durante la audiencia de debate de cautelares, la defensa hizo hincapié en que Paredes ha mantenido una intachable conducta procesal a lo largo de toda la investigación, compareciendo a cada una de las citaciones y cumpliendo de manera ininterrumpida con el arresto nocturno y la firma periódica. Estos antecedentes ponderaron de manera determinante para que los jueces desestimaran que el fallo de primera instancia alterara automáticamente el nivel de riesgo de evadir a la justicia.

El fallo representa un capítulo clave dentro de la compleja arista magallánica del caso Itelecom, una de las tramas de corrupción pública de mayor envergadura judicial en el país. Tras meses de peritajes y alegatos en los tribunales de la capital regional, la ratificación de las medidas cautelares deja la definición final en manos de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas o la Corte Suprema, las que deberán pronunciarse sobre los recursos con los que la defensa buscará anular el juicio oral y la condena en su contra.