Las promesas de campaña resonaron con fuerza en la Patagonia. El presidente José Antonio Kast se comprometió ante la industria salmonera a dinamizar el sector: agilizar la tramitación de permisos, reformar la Ley Lafkenche y brindar certeza jurídica a las concesiones marinas. Sin embargo, transcurridos más de seis meses de administración, el balance para la Región de Magallanes avanza a paso lento y tropieza con los tiempos del propio Estado.

En el extremo sur, el engranaje normativo parece atascado. El fallido intento por agilizar traslados a través del Tribunal Constitucional, los informes administrativos pendientes que congelan la Reserva Nacional Kawésqar y una reforma legal de lento trámite, marcan el escenario actual de la actividad.

El primer golpe a la estrategia gubernamental vino desde el Tribunal Constitucional (TC). A comienzos de agosto, el Congreso había despachado la Ley de Reconstrucción, iniciativa en la que el Ejecutivo depositaba gran parte de sus fichas. Su norma sobre micro-relocalizaciones buscaba permitir el traslado de centros de cultivo hasta en 350 metros sin la exigencia de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Sin embargo, por un contundente fallo de siete votos contra tres, el TC rechazó el mecanismo. A juicio de la magistratura, esa distancia no garantiza por sí sola la ausencia de efectos sobre el ecosistema. Además, el tribunal consideró que la exención vulneraba el deber del Estado de proteger el medio ambiente y pasaba por alto los derechos de los pueblos indígenas.

La resolución desarmó la principal carta de presentación del Gobierno para el sector, con la que se proyectaba un crecimiento de entre 4% y 8% en la industria y la creación de 1.800 a 5.400 empleos en el sur del país. Desde Magallanes, el gremio regional lamentó el dictamen defendiendo que la figura permitía ubicar los sitios de cultivo en zonas con mayor profundidad y mejores corrientes, lo que representaba una mejora ambiental.

Pese a la expectativa generada, en el territorio el impacto práctico del fallo era acotado. Días antes de conocerse el pronunciamiento del tribunal, el propio seremi de Economía de Magallanes admitía que la medida no tenía un peso determinante en la productividad regional, aunque la valoraba como un hito del rumbo oficial. Tras el portazo del TC, tanto el Ministerio de Economía como el Consejo del Salmón siguen analizando las alternativas legales a seguir.

El laberinto administrativo en Última Esperanza

El verdadero cuello de botella productivo en Magallanes tiene coordenadas geográficas bien precisas. De acuerdo con los datos entregados por la Seremi de Economía, la región cosecha actualmente cerca de 87 mil toneladas de salmón y cuenta con 62 centros en operaciones. En la fila de espera existen alrededor de 70 solicitudes de concesión en trámite, de las cuales 24 ya cuentan con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. Sin embargo, 22 de ellas están paralizadas a raíz de procesos como el plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar y la tramitación de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). De destrabarse estas concesiones, la autoridad calcula que la producción regional experimentaría un aumento considerable en un plazo de dos años.

La industria regional observa el problema con números distintos. Según su proyección y análisis, el foco del estancamiento está en la solicitud del ECMPO Kawésqar Última Esperanza, ingresada en febrero de 2018 y que abarca unas 274.000 hectáreas repartidas en cuatro sectores. Esto mantiene bloqueadas 40 solicitudes de concesión, 14 de las cuales cuentan con RCA aprobada. Asimismo, afirman que el informe técnico de uso consuetudinario que debe emitir la CONADI acumula un retraso superior a los 35 meses.

Cabe señalar, que las concesiones de salmón actualmente vigentes dentro del polígono solicitado por la comunidad indígena ocupan solo 883 hectáreas, lo que equivale al 0,32% de la superficie total.

Plazos en pausa y el factor CONADI

La tensión instalada en la zona motivó la intervención del órgano contralor. Frente a las acciones emprendidas por la industria, la Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que solicitó a la CONADI adoptar medidas para emitir el informe requerido a la mayor brevedad posible.

Frente a la demora, desde la CONADI argumentan que el retraso responde a la intrincada complejidad de los procedimientos, la falta de financiamiento inicial para abordar el volumen de requerimientos, las barreras geográficas propias de los canales australes y la escasez de personal técnico calificado para desplegarse en el terreno.

Por ahora, el escenario en los fiordos magallánicos sigue en tensa espera. Entre la burocracia que no acelera, las resoluciones judiciales que imponen frenos ambientales y un marco legal que no termina de reformarse, la salmonicultura del extremo sur sigue navegando en medio de la incertidumbre, incluso con la preocupación de algunos dentro del sector que apuntan a que las promesas del actual Gobierno fueron distintas hace solo algunos meses.