Escribo estas líneas con una carga emotiva importante, propia quizás de quienes miramos el país desde la experiencia acumulada en años viendo como una y otra intentan apropiarse de los activos del estado, lo hago con pesar, pero sin odio ni ánimo de descalificar a quienes hoy, desde espacios de poder, promueven con desenfrenado interés, una reducción cada vez mayor del Estado.

Me preocupa que el país vuelva a vivir un proceso de despojo semejante al ocurrido durante la dictadura, cuando se liquidaron empresas y patrimonio público. Aunque muchas personas recuerdan con claridad ese período, resulta doloroso escuchar nuevamente declaraciones que anuncian privatizaciones o externalizaciones de activos que aún pertenecen al Estado. Este temor es especialmente relevante en el caso de empresas estratégicas como Codelco y Enap, que durante décadas han resistido distintos intentos de debilitamiento de sus actividades productivas.

Es necesario reconocer que empresas públicas requieren optimización, orden y una revisión profunda de sus procesos.

Existen áreas donde se observan ineficiencias, y sería razonable impulsar cambios orientados a recuperar eficiencia, rentabilidad y buena gestión. Sin embargo, una cosa es modernizar y mejorar el funcionamiento de estas empresas, y otra muy distinta es descabezarlas o debilitarlas para abrir nuevos espacios de negocio a grupos de influencia económica. Esa diferencia debe ser discutida con seriedad y transparencia.

Espero estar equivocado y confío en que muchos chilenos de una derecha moderada y sensata no se sumen a quienes buscan debilitar al Estado y controlar empresas estratégicas. La experiencia del país muestra que debemos actuar con prudencia frente a decisiones que pueden afectar bienes esenciales para la ciudadanía.

Conviene mirar lo ocurrido con empresas que antes fueron públicas y hoy están en manos privadas, especialmente en el ámbito de los servicios básicos. En Magallanes, casos como Edelmag, Gasco y Aguas Magallanes muestran cómo ciertos activos pueden proyectarse comercialmente una vez privatizados, incluso aprovechando inversiones públicas que terminan fortaleciendo negocios privados.

Por eso preocupa que quienes llegan al poder con determinadas promesas terminen impulsando una reducción del Estado bajo el argumento de que no existen recursos para mejorar la gestión. Ese camino puede dejar la economía al servicio de los grupos más poderosos y debilitar la responsabilidad social que debe orientar toda administración pública.

Estas opiniones no buscan demonizar a la empresa privada. Por el contrario, creo en el equilibrio de una economía mixta, donde el sector privado pueda desarrollarse y el Estado conserve un rol estratégico en áreas esenciales. La preocupación surge cuando la privatización se presenta como única solución, sin considerar sus efectos sociales, territoriales y económicos. En esos casos, el riesgo es que las decisiones públicas terminen beneficiando principalmente a los grupos con mayor poder económico, en lugar de responder a las necesidades de las grandes mayorías.

También preocupa la relación entre ciertos grupos económicos y actores políticos que promueven privatizaciones. Cuando las campañas políticas dependen del financiamiento o la influencia de grandes intereses privados, existe el riesgo de que algunos representantes terminen defendiendo esos intereses por sobre el bien común. La experiencia reciente ha mostrado casos investigados, formalizados y condenados que confirman la necesidad de mayor transparencia, independencia y responsabilidad en la vida pública. Por eso, defender el patrimonio estatal no significa oponerse al progreso, sino exigir que las decisiones estratégicas se tomen pensando en el país y no en quienes concentran el poder económico.


Por Miguel Sierpe Gallardo, columnista.