Un avance sustancial consiguieron los productores ganaderos de la provincia de Tierra del Fuego en los tribunales de alzada. La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas declaró admisible el recurso de protección interpuesto en contra de seis organismos públicos y municipales, acusados de una inacción sistemática y coordinada frente a los devastadores perjuicios económicos, patrimoniales y sanitarios gatillados por jaurías de perros asilvestrados en la zona austral. 

Con la resolución dictada este viernes 17 de julio, bajo la Causa Rol 341-2026, el tribunal de alzada acogió a trámite el libelo y otorgó un plazo perentorio de seis días hábiles para que los recurridos evacuen sus informes detallados junto a todos los antecedentes correspondientes. 

La acción judicial —respaldada por la Asociación de Ganaderos de Magallanes (Asogama) pero entablada a título personal por los afectados Enrique Cuevas Andrade, Juan Carol García González, Atilio Calcutta Violic y Carlos Pérez Yubero— apunta directamente a una “omisión ilegal y arbitraria” por parte de un bloque de entidades gubernamentales y locales, las cuales se han rehusado a asumir de forma coordinada el control de las jaurías. Las instituciones requeridas son:

1. Municipalidades de Porvenir, Timaukel y Primavera: Acusadas de limitar la aplicación y fiscalización de sus ordenanzas de tenencia responsable de mascotas únicamente a los perímetros urbanos, desatendiendo por completo el área rural.

2. Seremi de Salud de Magallanes: Apuntada por omitir facultades sanitarias urgentes frente al severo riesgo zoonótico regional, de forma especial respecto a la hidatidosis, enfermedad endémica en la zona cuyo hospedero definitivo es el perro.

3. Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG): Cuestionada por la falta de despliegue en predios rurales y por no coordinar resguardos eficaces para la fauna silvestre nativa (como guanacos, huemules y aves protegidas) amenazada por los ataques.

4. Dirección Regional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP): Emplazada a cumplir con su mandato legal expreso de elaborar y ejecutar planes de prevención, control y erradicación de especies con comportamiento invasor.

El detonante de la crisis: Pérdidas brutales

De acuerdo con el texto legal, el factor detonante fueron las devastadoras arremetidas ocurridas durante el pasado mes de junio. El 16 de junio, una jauría mató a 60 ovinos en tres predios costeros de Porvenir. Pocos días después, el 24 de junio, otra embestida dejó 45 ovinos muertos en la Estancia San Carlos. Los productores enfatizan que las pérdidas impactan directamente el núcleo del ciclo reproductivo ganadero de Tierra del Fuego, debido a que una porción significativa de los animales muertos corresponden a hembras preñadas.

El recurso invoca formalmente la vulneración de derechos constitucionales clave: el derecho de propiedad, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho a desarrollar una actividad económica lícita y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.