Lo que comenzó como una medida de contención transitoria ante la emergencia climática del pasado 29 de septiembre de 2025, se ha transformado en un monumento a la burocracia, a la desidia administrativa y al peligro latente para la comunidad.
Han transcurrido casi diez meses desde que las ráfagas de viento provocaran el desprendimiento del revestimiento exterior de la Torre de Gobierno, ubicada en la concurrida intersección de calle Bories con José Menéndez. Hoy, imágenes registradas en el lugar ratifican lo insólito: el estado del inmueble público sigue intacto, los adoquines y baldosas de la fachada continúan desmoronándose y la vereda se mantiene clausurada con mallas plásticas y vallas provisionales.
Un peligro inminente a la cabeza de los peatones
El problema ya no es solo estético o de imagen urbana en pleno casco histórico y comercial de la capital regional. Se trata de un riesgo directo a la integridad física de las personas.
El angosto e improvisado perímetro de seguridad cercado en la acera de calle José Menéndez deja a los peatones expuestos a escasa distancia de la zona de proyección de caídas. Ante los habituales vientos, cualquier trozo de revestimiento o mortero que ceda desde los pisos superiores puede volar más allá de la débil malla anaranjada e impactar directamente en la cabeza de un transeúnte, provocando un accidente de consecuencias fatales.
¿De quién es la responsabilidad y dónde están las soluciones?
Respecto a la gestión del inmueble, el denominado “Edificio Magallanes” —tradicional Torre de Gobierno ubicada en calle Gobernador Carlos Bories N° 901— se encuentra actualmente bajo la administración formal del Departamento de Administración y Finanzas de la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Esta destinación quedó radicada oficialmente en dicha repartición mediante la Resolución Exenta N° 635 dictada en septiembre de 2021, un hito que reordenó la propiedad y gestión de los bienes estatales tras la división de atribuciones entre el Gobierno Regional y la representación del Ejecutivo en la zona. En aquel proceso de regularización administrativa, el Servicio del Gobierno Regional dejó la administración de la torre de calle Bories y pasó a asumir el control del histórico edificio situado en Plaza Muñoz Gamero N° 1028, mientras que el inmueble fiscal de la Torre de Gobierno —destinado originariamente al Ministerio del Interior desde 1977— se consolidó como la sede de servicios del Ejecutivo local.
Pasa el tiempo y no hay solución
A diez meses del evento meteorológico, no existe a la fecha licitación ni ejecución de obras para la restitución y consolidación de la fachada afectada. Además, el cierre de la acera bloquea el flujo peatonal en uno de los ejes comerciales más relevantes de Punta Arenas, afectando la transitabilidad y al comercio local.
Lo anterior, mientras las autoridades promueven discursos de revitalización del centro urbano, las propias infraestructuras del Estado se caen a pedazos sobre la vía pública sin que ningún organismo asuma la urgencia del problema.
Con los datos y la realidad sobre la mesa, resulta incomprensible que el Estado exija el cumplimiento de normativas de urbanismo y seguridad a comerciantes y particulares, mientras mantiene durante casi un año un inmueble de su propiedad en condición de ruina parcial en pleno centro histórico de la ciudad.
Las vallas "temporales" no reparan fachadas ni protegen de un impacto directo si las ráfagas vuelven a golpear la estructura.
Es hora que se transparente el cronograma de intervención, se identifiquen las responsabilidades administrativas por esta dilación injustificada y se ejecuten de inmediato los trabajos de reparación antes de que tengamos que lamentar una tragedia evitable.
