La relación política e institucional entre la Municipalidad de Natales y la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza se encuentra prácticamente quebrada. La alcaldesa Ana Mayorga mantiene una postura firme: las relaciones interinstitucionales con la delegación solo se recompondrán si el delegado provincial, Liber Lazo, es removido de su cargo.
El conflicto, que venía acumulando tensiones desde marzo debido a discrepancias en el manejo de emergencias climáticas, la crisis por el cierre del aeródromo de Puerto Natales y las deficiencias viales en el sector de Huertos Familiares, alcanzó su punto crítico tras las recientes y polémicas declaraciones radiales del delegado. En dicha intervención, Lazo reveló públicamente antecedentes médicos y judiciales de un adolescente fallecido, hecho que provocó el rechazo generalizado de la comunidad natalina y de la administración municipal.
Diálogo cortado a nivel provincial, pero operativo a nivel regional
Desde la Municipalidad de Natales señalan que, si bien el diálogo y la coordinación con Liber Lazo están completamente suspendidos —acusando además una actitud "déspota e irresponsable" por parte de la autoridad provincial—, la labor operativa se mantiene con el Gobierno Regional, la Delegación Presidencial Regional y los secretarios regionales ministeriales (seremis).
Polémica por dichos cruzados y críticas de misoginia
La crisis ha provocado diversas reacciones en el espectro político regional:
- Postura del oficialismo parlamentario: El diputado Alejandro Riquelme le bajó el perfil a la situación, indicando que el delegado ya ofreció disculpas y cuestionando la postura de la alcaldesa al señalar que no se debe "aprovechar el dolor de una familia para hacer la ley del hielo".
- Rechazo desde el Consejo Regional: Las frases del diputado Riquelme generaron duras críticas por parte del consejero regional Max Salas, quien calificó los dichos como "misóginos" y una falta de respeto hacia una autoridad comunal electa.
Sumario administrativo y escenario en el Gobierno
Al interior del Gobierno Central se abrió un sumario administrativo para determinar la responsabilidad de Liber Lazo en la divulgación de antecedentes reservados. De comprobarse faltas graves, la investigación podría derivar en sanciones que van desde una amonestación formal hasta su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos.
Por el momento, el Ejecutivo no ha solicitado su renuncia directa, considerando que Lazo es el único representante del Partido Republicano en el gabinete regional y que su salida podría generar costos políticos en medio de las negociaciones de la Ley de Reconstrucción Nacional.
