Dos ONG chilenas viajaron en los últimos días a Estados Unidos para denunciar a su propio país por trabajo forzoso y presunta esclavitud en sectores industriales, al tiempo que solicitaron medidas de castigo como, por ejemplo, aranceles a productos de exportación vinculados a la agricultura y la salmonicultura.

La acción hace pensar en un escenario distópico en el que grupos con intereses opacos avanzan contra el ejercicio de la soberanía de los países. No obstante, las ONG hace ya tiempo que exhiben una agenda propia y dan ejemplos de que poseen la fuerza suficiente para imponerla.

Nada como leer Aniquilación, del escritor y pensador francés Michel Houellebecq, para acercarse a esta problemática que no hace más que crecer en el horizonte político y económico del planeta.

Hace unos días, la UNESCO también instó a la Argentina a suspender las obras del oleoducto Vaca Muerta Sur, que une el yacimiento petrolero con la costa atlántica patagónica, en lo que representa una de las mayores obras energéticas de su historia, a instancias de numerosas denuncias ambientales presentadas por ONG y organizaciones locales e internacionales. La megaobra, en la que se invertirán unos 3.000 millones de dólares, debería estar concluida en 2026, pero la UNESCO dio plazo para la presentación de nuevos informes hasta 2027.

Las ONG chilenas Fundación Libera contra la Trata de Personas y la Esclavitud en Todas sus Formas y Ecoceanos mantuvieron un encuentro con funcionarios de la Oficina del Representante Comercial (USTR), donde aseguraron que en Chile hay trabajo forzoso y esclavo en amplios sectores industriales. Esta presentación había estado antecedida por un documento en el que la Fundación Libera reclama sanciones arancelarias para su país por este motivo.

Llamativamente o no, Carolina Rudnick, presidenta de Libera, aseguró en Santiago que no había solicitado medidas contra Chile, una declaración que fue desmentida al trascender una carta firmada por ella misma en la que plantea esa posibilidad.

Dos de las industrias con mayor potencia y desarrollo de los últimos 20 años son el objeto de ataque de estas organizaciones. El director ejecutivo de Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas Núñez, difundió en este marco un duro video en el que señala a la acuicultura.

El resultado de esta historia —aún más compleja porque involucra las propias necesidades de Donald Trump y de Estados Unidos en un contexto de guerra y señales de decaimiento de la economía— es que Chile recibió un arancel del 12,5 % cuando originalmente formaba parte del club del 10 %, como es el caso de Argentina.

Para Chile, las exportaciones de salmón y trucha representan 6.500 millones de dólares anuales; las de fruta, 8.630 millones de dólares. Los alimentos en general alcanzaron un récord histórico en 2025 de 13.610 millones de dólares.

“En un informe fechado el 14 de abril, tres meses antes de que viajara a exponer a Washington, la presidenta de la ONG Libera, Carolina Rudnick, planteó a la USTR que el organismo debe adoptar ‘medidas decisivas’ por supuestas infracciones laborales chilenas, estudiando el ‘nivel y alcance, si corresponde, de aranceles sobre productos de Chile’, así como la restricción de importaciones”, reveló el medio Ex-Ante.

“Nuestro objetivo no es que Chile sea sancionado. Como consta en las actas de las audiencias ante el Comité del USTR, mi fundación y Ecoceanos, a quien representé, solicitamos que no se aplicaran aranceles a Chile y que se reemplazara dicha decisión por la implementación de un plan de siete medidas estructurales”, aseguró Rudnick, contradiciendo su propio documento enviado el pasado 14 de abril a Jamieson Greer, miembro del Partido Republicano y Representante de Comercio al mando de la USTR.

“Esta presentación aborda la presencia de trabajo forzoso en bienes producidos en Chile […] el grado en que esa falta ha afectado negativamente al comercio estadounidense, global y chileno; y las acciones que deberían tomarse para abordar estos problemas, incluyendo el nivel y alcance, si corresponde, de aranceles sobre productos de Chile y/o el nivel y alcance, si corresponde, de restricciones a la importación de productos chilenos”, indica la misiva de 15 carillas.

En el documento, sigue Ex-Ante, “se detallan supuestas infracciones y casos de trabajo forzoso en Chile en la agroexportación y la salmonicultura, incluyendo un registro de la fundación sobre trabajadores fallecidos entre 2013 y 2026, horarios laborales y denuncias de malos tratos”.

En la sección “Recommended Remedies: Duties and Import Restrictions on Chilean Products” (“Medidas recomendadas: aranceles y restricciones a la importación de productos chilenos”), señala: “La Fundación Libera insta al Comité de la Sección 301 a que examine detenidamente las pruebas presentadas en este escrito y a que adopte medidas decisivas para hacer frente a estas prácticas”.

Respecto de la temeraria denuncia por parte de las ONG, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, dijo: “Yo lo calificaría de un error. No se ajusta a los hechos de esa declaración”.

“Aquí lo importante es que los chilenos estemos unidos frente a la necesidad de ir ampliando nuestros mercados y defendiendo nuestra capacidad de exportación, porque detrás de eso están los empleos de los chilenos. Así que eso es lo primero”, agregó.

Chile exporta a Estados Unidos más de 846 mil toneladas de fruta por 1.770 millones de dólares y más de 133.000 toneladas de salmón y trucha por 1.356 millones de dólares. Es decir, entre ambos suman exportaciones por 3.000 millones de dólares. Justamente estos dos polos de exportación fueron denunciados por las ONG.

Hoy en Chile vuelve a surgir el debate sobre la necesidad de una ley que transparente el origen de los fondos que sustentan a las ONG y sus campañas. En el Congreso chileno hay un proyecto, pero todavía se encuentra en largo trámite. Desde los sectores industriales existen sospechas de que agentes de otros países y empresas multinacionales apuntalan estas campañas internacionales que terminan perjudicando el desarrollo local.