Dice el refrán de guerra “divide y reinarás”, y aunque ha sido históricamente una máxima política en numerosos países, en Chile tuvo y tiene un efecto considerablemente más bajo cuando intentó ser ejecutada.
Acaso porque Chile es una nación insular por esencia, vigilado como está por la Cordillera y el Pacífico. En cierto modo, no nos quedó otra, en tanto cultura, que apañarnos con lo que tenemos y tirar para adelante todos juntos aunque a regañadientes.
Tal como acaba de reconocer el propio gobierno, a través de su ministro de Economía, Nicolás Grau, la polémica ley lafkenche N°20.249, del año 2008, está generando problemas en el escenario económico y social del país.
Básicamente lo que la ley viene provocando es una profunda grieta al interior de la sociedad chilena. Y ya vemos cómo les va a los países que declinan por utilizar las divisiones como forma de ejercer poder. La Argentina sin ir más lejos.
Miles de pescadores artesanales, descendientes de pueblos originarios, se preguntan hoy mismo porqué ciertas agrupaciones se autodenominan más descendientes de pueblos originarios que ellos. Cómo si hubiera descendientes y descendientes y, en definitiva, como si hubiera ciudadanos chilenos de primera categoría que tienen derecho a reclamar miles de hectáreas de mar y otros que apenas si deben acatar lo que grupos, instituciones, ONGs y funcionarios de turno decidan por sobre sus cabezas.
Presuponer que las hectáreas concedidas no serán objeto de una brutal división entre los vecinos del sur de Chile y que, por proyección, no terminarán afectando gravemente su economía es un error colosal. Una equivocación tan grande como enterrar una bomba que más tarde que temprano terminará por estallar.
Ya circula información de que en Magallanes se habrían cursado solicitudes por extensiones de mar que no han trascendido.
El gobierno de Gabriel Boric sostiene una guerra contra el desarrollo industrial en general y contra la salmonicultura en particular.
Chile se encuentra estancado, según muestran los datos oficiales, con proyecciones de crecimiento del 2,5% anual de aquí al 2030. Poco. Escaso. No será esta la administración que nos saque del pantano.
La entrega de miles de hectáreas de mar de acalla y alecciona a los gremios de pescadores quienes no han dejado de denunciar las bajas en los precios de comercialización y la caída en los volúmenes de los productos.
De manera que con una sola acción mata dos pájaros molestos de un tiro: salmonicultura y sindicatos.
Pero las consecuencias pueden ser nefastas para los índices de crecimiento. Los mismos índices que poco le importan a las ONGs ecologistas extremas que en “modo talibán” alimentan el fuego del conflicto.
ONGs que hoy tienen línea directa con los funcionarios de gobierno.
No es un secreto que ONGs con presupuestos millonarios, que superan con creces los patrimonios de empresas productoras chilenas, trabajan para convertir a Chile en un gran parque nacional donde viva la menor gente posible. Un experimento superador de lo que ya ocurrió en Costa Rica.
Entregar porciones de mar a unas pocas personas para su completa administración encaja a la perfección con sus objetivos y con los del propio gobierno que espera dar una estocada final a la industria salmonera, y a condicionar la extracción de la industria pesquera y bentónica.
Hace unas horas los Camioneros del Centro Sur de Chile dieron a conocer una carta donde subrayan las consecuencias que traerá esta política de entrega de territorio y mar a puñados de personas.
Los camioneros apuntan al debilitamiento de la soberanía nacional. Un tema clave cuando se habla de desarrollo.
“Se están entregando miles de hectáreas a comunidades indígenas en la Patagonia que podrán impedir la comunicación de todo el territorio chileno y el desarrollo de otras actividades productivas en esos lugares, ya sabemos como operan las comunidades en la macro zona Sur y ahora vemos como esto se está creando en la Patagonia donde 50 familias están pidiendo una región completa y será votado a fines de este mes”, indica su texto.
“Continúan tratando de imponer la visión rechazada el 04 de septiembre de 2022, de que existan ciudadanos con privilegios por sobre otros”, agregan.
En los últimos años cientos de miles de hectáreas fueron entregadas a comunidades consideradas descendientes de pueblos originarios, mientras que un número aún mayor de territorio fue comprado y “donado” al Estado nacional por ONGs pertenecientes a millonarios norteamericanos para que nadie ponga un pie al interior de estos territorios.
Chile inició entonces un peligroso camino de vaciamiento poblacional y económico. A esta altura es urgente debatir las consecuencias de este proceso.
