Según lo estipulado por la Contraloría General de la República, y de acuerdo a la Ley Nº 18.575, deberán presentar una declaración de patrimonio el Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Subsecretarios, los Intendentes y Gobernadores, los Secretarios Regionales Ministeriales, los Jefes Superiores de Servicio, los Embajadores, los Consejeros del Consejo de Defensa del Estado, el Contralor General de la República, los oficiales Generales y oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas y niveles jerárquicos equivalentes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, los Alcaldes, Concejales y Consejeros Regionales. Andro Mimica no lo hizo. ¿Por qué?
La Sociedad Gastronomía Mimica y Rubilar Spa se fundó el 3 de octubre de 2019. Es decir hace casi cuatro años. El representante legal de dicha sociedad es Andro Mimica, según el propio documento donde se solicita la liquidación voluntaria de la empresa la segunda semana de junio de este año. Los otros dos socios de la empresa son Vladimiro Mimica (hermano) que tiene residencia en Santiago, y Gonzalo Rubilar que ya no estaría viviendo en Chile.
Según el sitio Info Probidad, donde se pueden encontrar de manera oficial todas las declaraciones de patrimonio de las autoridades, y en específico de quienes por Ley está obligados a hacerlas, cuando uno registra el nombre del vocero de Gobierno de Magallanes no aparece ninguna declaración de sociedades. No aparece por ninguna parte lo que debería aparecer. Incluso ni siquiera antes de que venciera un nuevo plazo en el mes de marzo de este año.
Es decir, Mimica no declaró cuando correspondía por Ley que era dueño de una sociedad, y tampoco lo hizo cuando se abrió un nuevo plazo para hacerlo. Una situación compleja, entendiendo que no hay excepciones ni razones válidas para omitir tan relevante información, menos aún cuando se es autoridad y se emite el mensaje del Gobierno.
Según la normativa, la declaración de intereses y patrimonio deberán efectuarse dentro de los treinta días siguientes de la fecha de asunción del cargo. Además, el declarante deberá actualizarla anualmente, durante el mes de marzo, y dentro de los treinta días posteriores a concluir sus funciones.
Además, la ley apunta a que deben ser declaradas las actividades profesionales, laborales, económicas, gremiales o de beneficencia, sean o no remuneradas, que realice o en que participe el declarante, incluidas las realizadas en los doce meses anteriores a la fecha de asunción del cargo.
Por último, cabe señalar que la norma es clara respecto de que si la persona obligada a efectuar o actualizar la declaración de intereses y patrimonio no la realiza dentro del plazo dispuesto para ello o la efectúa de manera incompleta o inexacta, la Contraloría General de la República de oficio o a petición fundada de cualquier interesado deberá apercibir al infractor para que la realice o rectifique dentro del plazo de diez días hábiles.
Si el incumplimiento se mantuviera por un período superior a los cuatro meses siguientes a la notificación de la sanción, se considerará falta grave a la probidad y dará lugar a la destitución o cese de funciones del infractor, de acuerdo al estatuto respectivo.
¿Por qué nadie se dio cuenta? ¿Realmente hay un blindaje para con el vocero?
El caso Mimica se ha convertido en una verdadera caja de pandora, y todos los días aparecen antecedentes que hacen inviable su continuidad en el cargo. El ocultamiento de información, la confianza desmedida en sus «padrinos políticos» en Santiago, la falta de lealtad con sus pares a nivel local, el ser pillado en algo que no solucionó en su momento, y el daño colateral que ha provocado a la política en general, pero a la Delegación Presidencial en particular, dan cuenta de que es probable que sus días al mando de la Seremía de Gobierno debieran estar contados.
