Este verano ha sido particularmente caluroso, y no solo por las altas temperaturas que se han registrado en buena parte de nuestro país, sino también por los incendios que han consumido centenares de casas en Chiloé, Iquique y otras ciudades.
Pero además este inicio de año ha estado marcado por el epílogo de la deplorable administración de Piñera y la instalación del gobierno de Gabriel Boric, que trae la esperanza de los cambios y la renovación.
Hemos sido testigos de los intentos del presidente saliente por promulgar leyes de última hora, que claramente van en sentido contrario a los intereses de la gente y del Estado.
Los últimos días, el gabinete se turna para presionar in situ a los parlamentarios y parlamentarias para que aprueben iniciativas altamente cuestionadas por su forma y fondo, recurriendo a artimañas efectistas que apelan a la necesidad que tienen los jubilados de percibir rentas acordes con el piso mínimo de sobrevivencia.
Asimismo, senadores y diputados no pudieron detener la licitación apresurada de dos cuotas de explotación del litio, que entre gallos y medianoche se adjudicaron a dos empresas particulares, a sabiendas de que existe un plan de la coalición que gobernará los próximos cuatro años para crear una Empresa Nacional del Litio, cuya misión principal es ordenar la actividad desde el sector público, de tal forma que se consideren los intereses y culturas de las comunidades que habitan ese territorio, y sumarle valor por medio de alianzas virtuosas que alejen a la actividad minera del extractivismo decimonónico.
Me detengo en este punto para destacar -con molestia y preocupación- la labor insuficiente de los parlamentarios de oposición, que una vez más fueron incapaces de detener una acción del Ejecutivo lesiva para los intereses de la nación y que debieron prever y fiscalizar con mayor celo funcionario, pero nuevamente se les coló por un costado.
Adelantándose a lo que ya se veía venir, el gobernador regional de Atacama y comunidades indígenas de la zona presentaron en la Corte de Apelaciones de Copiapó dos recursos de protección para paralizar el proceso, los que fueron acogidos por el tribunal de alzada, que ordenó no innovar y dio un plazo de diez días al gobierno para que evacue un informe sobre la materia.
Así, una vez más, un tema que debió ser abordado por las instancias políticas terminó judicializándose, dejando en evidencia la inoperancia de algunos y algunas cuando se trata de resolver situaciones que ponen en entredicho los intereses de la ciudadanía versus los del empresariado.
A la luz de los resultados poco auspiciosos obtenidos desde el retorno a la democracia, no somos pocos quienes sostenemos que es innecesario tener un Senado y una Cámara de Diputados, crítica que se profundiza si incorporamos en el análisis el descrédito de la función parlamentaria de los últimos años.
De ahí que aplaudo y saludo la transversal discusión que se está dando al respecto en la Convención Constitucional, donde ya se han alzado voces a favor del unicameralismo, que no solo asegura la representatividad de las múltiples visiones que existen en el país, sino también la eficiencia y eficacia de la función legislativa y fiscalizadora.
Esta posibilidad cierta de tener un sistema unicameral, quórum de dos tercios y eliminación del Tribunal Constitucional -que en la práctica opera como una tercera cámara- encendió las alarmas entre aquellos que han hecho de la política una ocupación que les permite tener poder y excelentes remuneraciones, olvidándose muchas veces de los principios que deben representar y de los electores que los pusieron ahí.
Es así como un grupo de 22 senadores pidió hace algunos días a la Comisión de Venecia, que reúne a más de 60 países, que se pronunciara acerca de la pertinencia de lo que están discutiendo los constituyentes.
La respuesta de quienes promueven estos cambios fue clara y contundente.
Mauricio Daza: “Asumo que la Comisión de Venecia no cuestionará el carácter democrático de Portugal (con sistema unicameral) ni de Canadá (con sistema de justicia constitucional que no incluye un TC)… y quizás el Senado debería enfocarse en apurar la tramitación de las leyes de su competencia”.
Patricia Politzer: “El Senado de Chile preocupado por su eventual ‘supresión’. Entendible. Pero la decisión no depende de sus integrantes sino de la Convención, cuya autonomía es absoluta. Y el unicameralismo es efectivamente una posibilidad”.
El verano seguirá caliente… y no solo por factores climáticos.
