Una vez más la violencia conmueve a la Patagonia argentina en el marco del conflicto mapuche. El domingo se registró un ataque en una zona ocupada por una comunidad en Cuesta Ternero, cerca de El Bolsón (Río Negro), en el que resultó muerto Elías Garay (29) y herido de gravedad Gonzalo Cabrera (21).
Garay habría recibido un disparo en la axila y otro en el pecho, en tanto que Cabrera fue impactado en el abdomen. El calibre del proyectil sería calibre 22, según pudo averiguar Zona Zero de fuentes provinciales. Cabrera habría evolucionado bien de la operación realizada en hospital de El Bolsón.
Todo esto se desarrolla en una zona denominada Cuesta Ternero donde desde el 18 de septiembre miembros de la comunidad Quemquemtreu mantienen ocupado un sector bajo la consigna de que se trata de tierra ancestral mapuche.
No es fácil de comprender el conflicto mapuche en el sur argentino. Este tipo de tomas se vienen repitiendo a partir de 2015 cuando el lonko Facundo Jones Huala ocupó 1200 hectáreas de la familia Benetton en un área llamada Cushamen. Jones Huala se encuentra hoy cumpliendo una pena de 9 años en una prisión en Temuco por haber incendiado una propiedad en un campo cerca de Valdivia.
Pero las tomas no suman solo a descendientes de mapuches que se han radicalizado, en el marco de una comunidad que en general no ha manifestado sus reclamos territoriales por la vía de la violencia, también se encuentran representantes de organizaciones sociales, de Derechos Humanos, anarquistas, ambientalistas, entre otros, quienes conforman un grupo heterogéneo con distintas visiones acerca de la realidad política.
En el caso de Cuesta Ternero, el gobierno de Río Negro había instalado el grupo especial COER de la policía provincial para contener la llegada de nuevos militantes a un campo que está concesionado por el Servicio Forestal a un empresario local para su explotación.
En las últimas horas los miembros del COER fueron retirados en el contexto de una negociación entre los fiscales y representantes mapuches.
Los mapuches alegan además que no se hacía ninguna inversión en el lugar.
Los militantes indigenistas se mantienen en la zona viviendo precariamente e insisten en que la tierra debe quedar en manos de la comunidad.
El ataque del domingo está poblado de hipótesis, pero el rumor más fuerte es que no se trata de una pelea interna entre miembros del grupo sino de una agresión perpetrada por personas con experiencia en armas y conocimiento de la zona.
Los baqueanos con este perfil no son extraños en la zona. Aunque las primeras denuncias cayeron sobre la policía, lo cierto es que el calibre y el procedimiento no es típico de los agentes.
«Esto se veía venir, en el campo se reacciona de otra manera», explica una alta fuente política a Zona Zero. «Los baqueanos se toman muy en serio el tema de la propiedad de la tierra», agregó.
Esta es una reflexión que atraviesa todo el escenario de El Bolsón donde en las últimas tres noches hubo disturbios en las calles. Incluso un grupo de vecinos a caballo dispersó una manifestación a punta de caballos.
La preocupación del gobierno provincial es que se repitan hechos donde los lugareños hacen justicia por propia mano. Mientras tanto el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, responsabiliza a las autoridades del gobierno nacional por no actuar frente al conflicto y María Magdalena Odarda, Presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por su vínculo con usurpadores y su política de entrega de tierras a comunidades.
