La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, en conjunto con el diputado Juan Antonio Coloma y el abogado representante del partido, Pablo Toloza, presentaron una querella en contra del Gobierno Regional de Valparaíso por la transferencia de $400 millones a las fundaciones FIMA y Terram, informó La Tercera. Se trata de dineros que habrían sido destinados a capacitaciones por temas de medioambiente.
La acción recuerda inmediatamente al caso del acuerdo directo entre FIMA y el municipio de Puerto Natales que dirige Antonieta Oyarzo por casi $8 millones también por una serie de capacitaciones vinculadas al borde costero que quedaron inconclusas.
Los contratos directos por asesorías entre FIMA y diversos municipios fueron denunciados en los últimos meses y alcanzan sólo en este ítem cerca de $70 millones en total.
“En esta oportunidad, en la ciudad de Valparaíso, hemos pedido a la fiscalía que investigue, eventualmente, vínculos a través de dos contratos que nos parecen dignos de investigar, dos fundaciones que tienen que ver con la protección y las capacidades en temas ambientales”, indicó Hoffmann quien señaló que desde la UDI iniciaron hace semanas una “iniciativa fiscalizadora” a partir de los casos de corrupción observados entre fundaciones y municipios a lo largo del país.
“Aparentemente, los montos no se condicen con el servicio entregado por parte de estas dos fundaciones (y además) tendrían vínculos con personas que trabajaron durante la campaña del Presidente Gabriel Boric”, expresó.
“Eso es lo que estamos pidiendo concretamente hoy que se investigue. Y esto tiene que ver también con la lamentable actitud que ha tenido el gobierno, por parte, principalmente, del Presidente Boric, cuando señala que aquí debe caer quien caiga, pero a la hora de los quihubo no han presentado ninguna iniciativa de este tipo, ninguna querella para poder imputar a los responsables”, agregó.
Los hechos tenían “un modus operandi”, dijo el diputado Coloma, puesto que a fines de 2022 se realizaron a estas fundaciones dos transferencias por 400 millones de pesos, “con boletas de garantía bajísimas del 2% que no sirven para cautelar las obras”, y “lamentablemente a personas relacionadas”.
“Aquí habría un vínculo evidente entre consejeros regionales, candidatos a consejeros regionales, candidatos a constituyentes, que finalmente derivó al mismo mecanismo que se han utilizado lamentablemente en muchas otras regiones del país”, denunció Coloma.
“Nosotros creemos que acá hay una arquitectura que se estableció para defraudar y malversar al Estado de Chile, y queremos saber si efectivamente en el caso de la Quinta Región es así”, afirmó el abogado Toloza.
El municipio local destinó de manera directa (“trato directo” en la terminología municipal) más de $7 millones a la ONG jurídico ambiental FIMA por un tema de asesoramiento.
Se trata de una orden de “compra” por “Servicios Especializados” a la ONG de parte del municipio natalino traducidos en $ 7.832.388 pesos. Esta figura como realizada el 22 de agosto de 2022.
“FIMA tiene contratos de asesorías con nueve municipios y la seremi RM de Vivienda por más de $68 millones entre 2020 y 2022”, recuerda el Líbero en su artículo dedicado a las transferencias cuestionables.
El contrato con el municipio quedó inconcluso y la alcaldesa tampoco ha explicado porqué y qué ocurrirá con los módulos faltantes o si será todo invalidado por la municipalidad.
Entre los antecedentes enviados por la alcaldesa Oyarzo no figuran un documento aglutinador que demuestre qué y cómo se realizaron las actividades por las que se pagó.
“Este único contrato con la ONG FIMA, para la entrega de servicios profesionales especializados fue por un periodo de 6 meses (de julio a diciembre de 2022), de los cuales, a la fecha se han cancelado solo $3.500.000 aproximadamente, debido a que la entrega de todos los servicios comprometidos, ha quedado inconclusa”, reconoció el municipio.
