«El Gobierno da por cerrado este capítulo», dijo el ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) rechazase este lunes los requerimientos interpuestos por senadores de oposición contra siete de los 13 indultos otorgados el pasado diciembre por el Presidente Gabriel Boric, que beneficiaron en su mayoría a condenados por delitos cometidos en el estallido social de 2019 y que desembocaron en una crisis política sin parangón para el actual Ejecutivo.
En una rueda de prensa, el secretario de Estado reflexionó que «de lo que ha sucedido hay múltiples lecciones», siendo una de ellas que el carácter unipersonal del indulto presidencial es «un error del sistema institucional chileno».
«Sostener la potestad de indulto en una persona como decisión unipersonal es probablemente una tensión del sistema institucional muy grande», recalcó.
Sin perjuicio de ello, Cordero aseguró que «la ciudadanía debe estar tranquila», pues el pronunciamiento del TC «demuestra que el ejercicio de la potestad constitucional se ha ejercido ajustada a la Constitución y a la ley» y «que es responsabilidad del Estado -dado el tipo de indulto que se dio- mantener la vigilancia y el cumplimiento de las condiciones, a través de los centros de reinserción social de Gendarmería, respecto de aquellas personas que fueron indultadas».
«Ningún Gobierno, desde el retorno a la democracia, ha ejercido la potestad de indulto sin conflictos públicos (…) Cada administración ha tenido problemas en torno a esto», recordó el ministro.
En esa línea, reiteró que el proceso constituyente en curso abre una oportunidad para repensar la facultad del indulto presidencial.
Los indultos de Boric fueron anunciados el 30 de diciembre y desataron severas críticas de la oposición, detonando una crisis política que le costó el cargo a la exministra de Justicia y Derechos Humanos Marcela Ríos, siendo reemplazada por Luis Cordero; y a uno de los principales asesores de Boric, Matías Meza-Lopehandía.
También provocó que varias formaciones políticas se levantaran de la mesa de negociación en el Congreso para un acuerdo de seguridad, uno de los principales proyectos del Gobierno.
Un grupo de parlamentarios de Chile Vamos y el partido en formación Demócratas recurrió los indultos el pasado 16 de enero bajo el argumento de que estos beneficios «no respetan la ley ni la igualdad del resto de personas condenadas» por hechos similares.
Se trata de la primera vez en la historia que el TC revisa indultos presidenciales, en unas impugnaciones que afectaban a los beneficios al exfrentista Jorge Mateluna, condenado por el asalto a un banco en 2013 -crimen que él ha sostenido que no cometió-; Luis Castillo, condenado por delitos cometidos durante el estallido social de 2019, pero con un prontuario policial previo estas protestas; y otros cinco hombres sentenciados en el contexto de estas mismas manifestaciones.
Finalmente, cinco de los ocho ministros del tribunal votaron en contra de los requerimientos de inconstitucionalidad en los casos de Mateluna, Castillo y Jordano Santander: la presidenta Yáñez, Nelson Pozo, María Pía Silva, Rodrigo Pica y Daniela Marzi. En tanto, abogaron por acoger estos recursos Cristián Letelier, José Vásquez y Miguel Ángel Fernández.
Mientras, en los casos referidos a Bastián Campos, Claudio Romero, Felipe Santana y Brandon Rojas, seis ministros estuvieron por rechazar las impugnaciones -Yáñez, Pozo, Silva, Fernández, Pica y Marzi- y sólo dos por aprobarlas -Letelier y Vásquez-.
«El tribunal concluye que los decretos (de indultos) se ajustan a la Constitución y mantienen plena vigencia en todos sus efectos», sostuvo Pica a la salida del pleno.
Letelier, por su parte, arguyó que «hay un valor constitucional muy importante, que es el que la población tiene que sentirse protegida por las autoridades. En ese sentido, creo yo que los decretos supremos que otorgaron indultos carecen de legitimidad absoluta del punto de vista constitucional».
