La empresa Transbank S.A. presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del Director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Javier Etcheberry Celhay, por la Resolución Exenta N°12, que obliga a la entrega impresa de boletas y comprobantes electrónicos.
La medida, según Transbank, es ilegal y arbitraria, ya que vulnera garantías constitucionales y afecta su modelo de negocio, generando pérdidas estimadas en USD10 millones, debido a la necesidad de adaptar sus sistemas y dispositivos.
El documento legal argumenta que la resolución vulneraría la igualdad ante la ley, la libre iniciativa económica y el derecho de propiedad. Además, señala que la medida contradice la normativa vigente, que establece que los documentos tributarios deben emitirse exclusivamente en formato electrónico.
En su recurso, Transbank sostiene que la resolución modifica el núcleo esencial del artículo 97 N°10 del Código Tributario, al sancionar la no entrega de una representación impresa, algo que no está contemplado en la ley.
Además, Transbank destaca que la resolución afecta directamente su modelo de negocio, ya que los dispositivos Point of Sale (POS) que ofrece a los comercios no están diseñados para imprimir comprobantes.
Así las cosas, la firma de transacciones electrónicas cuestiona la legalidad de la Resolución N°12, argumentando que el SII excedió sus facultades al imponer una obligación que no está contemplada en la ley. La empresa señala que la resolución contradice el principio de equivalencia documental, establecido en la Ley N°19.799, que reconoce el mismo valor a los documentos electrónicos y físicos.
Asimismo, Transbank alega que la resolución no fue sometida a consulta pública, un trámite obligatorio para normas que modifican criterios interpretativos previos. La empresa sostiene que esta omisión convierte a la resolución en un acto arbitrario y carente de validez.
Transbank advierte que la medida tendrá un impacto negativo en la formalización del comercio, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (Pymes). La empresa argumenta que la obligación de imprimir boletas y comprobantes electrónicos aumentará los costos operativos de los comercios, lo que dificultará su cumplimiento tributario.
La empresa también critica que la resolución establezca un trato desigual al exigir la entrega de representaciones impresas solo para boletas y comprobantes, mientras que otros documentos tributarios, como facturas y guías de despacho, quedan exentos de esta obligación.
