En los últimos 10 años la Patagonia ha observado cómo millonarias inversiones en proyectos se diluían en el horizonte rechazados por conflictos ambientales o vinculados a pueblos originarios.
Se estima que en los últimos 7 años se han caído inversiones, en minería, salmonicultura, energía eólica, petróleo y tecnología, entre otras, por unos USD 10.000 millones en provincias como Tierra del Fuego, Chubut y Río Negro obedeciendo a estas presiones.
El retraso económico del sur argentino se vuelve incluso más evidente cuando se establecen comparaciones con el sur de Chile donde existen mayores iniciativas empresariales.
Se calcula que en la Patagonia hay más de 400 mil personas en condición de pobreza. En la mayoría de las provincias o zonas que exhiben números preocupantes de desocupación fueron expulsadas iniciativas de aprovechamiento de los recursos.
En 2018 la empresa china Envision Energy SA suspendió una inversión de USD 56,7 millones en Cerro Alto, ubicado a 85 kilómetros de Bariloche, en el marco de un conflicto con las comunidades mapuches del sector. El proyecto incluía 28 aerogeneradores capaces de producir dos mega cada uno e iba a brindar trabajo a 300 operarios durante 600 días. “La energía iba a ser inyectada a la Línea de Alta Tensión que va hacia la ciudad turística más grande de la provincia”, informó Clarín.
Un grupo de 20 personas pertenecientes a una comunidad le exigió a los chinos una nueva bajada de línea y recursos que los empresarios se negaron a entregar.
Aunque en 2021 la Legislatura de la provincia aprobó la Ley de Zonificación Minera que permitía avanzar con Navidad, el gobernador Mariano Arcioni derogó la ley días después en respuesta a las violentas manifestaciones de ambientalistas que incluyeron un intento de quemar la Casa de Gobierno.
En 2017 el gobernador Alberto Weretilneck declinó la posibilidad de instalar una central nuclear en Sierra Grande ante los reclamos de ambientalistas y oposición de una parte de la comunidad del pueblo. Cuando el entonces intendente Nelson Iribarren convocó a una consulta popular la ausencia habría alcanzado el 76% del padrón electoral.
La planta representaba una inversión de USD 8000 millones durante 5 años. Su construcción iba a demandar 4000 puestos de trabajo.
La principal actividad de Sierra Grande por 30 años fue la extracción de mineral de hierro explotado por la empresa HIPASAM que cerró el gobierno de Carlos Menem en 1992. En aquel tiempo más de 6000 personas dejaron la localidad y durante años la ciudad tuvo altísimo indices de desempleo que el algún momento llegaron al 70%, según fuentes locales le comentaron a este cronista.
A mediados del 2024 fue anunciado el proyecto de la planta de Gas Natural Licuado (GNL) con una inversión de USD 30.000 millones.
Hay anécdotas que reflejan posiciones frente a la propia existencia y desarrollo de un país. Parecen detalles menores pero sirven para entender mucho más de ciertos escenarios.
Pero a principios de ese mes, el presidente de la fima Chengyu Fu, vivió en la Patagonia un hecho que lo conmocionó por complegto. Literalmente “Fu quedó “atrapado” en una oficina en el yacimiento El Huemul en el norte de Santa Cruz debido a un piquete de trabajadores. Este inconcebible percance en la mentalidad de un jerarca oriental, habría sido la gota que rebalsó el vaso que finalmente condujo al freno de las inversiones”, comentó Clarín. El ejecutivo tuvo que ser evacuado en el baúl de un vehículo para así poder atravesar el piquete de sus propios empleados.
En 2021 finalmente Compañía General de Combustibles (CGC) del Grupo Eurnekian cerró la compra de la operación local de la petrolera china Sinopec que entonces producía 50 mil barriles diarios.
En enero de 2024 Ushuaia prohibió la instalación de tecnología 5G en la ciudad. Una ordenanza promulgó a Ushuaia como “zona libre de radiaciones provenientes de la tecnología de comunicaciones de quinta generación (5G) y toda tecnología de transmisión de datos de generaciones subsiguientes”.
Paradójicamente la ciudad está en la misma provincia y a 211 kilómetros de Río Grande donde se producen celulares de última generación.
En 2021 la Legislatura de Tierra del Fuego prohibió la producción de salmones en el Beagle colocándole un punto final al interés de países como China y Noruega que pretendían apostar por el sector en la provincia dedicada principalmente al turismo y el armado de aparatos eléctricos.
Casi en frente, en Magallanes (Chile), la salmonicultura entrega alrededor de 200 mil toneladas anuales y exportaciones por USD 650 millones. Más de 7000 personas trabajan en la actividad y derraman más de USD 100 millones anuales en salarios. Más de 150 empresas brindan servicias a las productoras de salmones.
Apenas un ejemplo entre muchos de estas oportunidades desarticuladas por un debate donde los intereses de quienes se oponen no resultan del todo claro, indican fuentes de la industria. Algunos militantes, siguiendo una máxima establecida por ONGs internacionales, opinan que es mejor abandonar el territorio y sostener un número exiguo de persona viviendo en él, según se desprende de sus discursos y manifiestos al respecto.
Pero las estadísticas son irreductibles cuando se trata de progreso económico. En Tierra del Fuego hay cerca de 90 mil pobres, según datos del INDEC. En tanto que en Magallanes, con similar cantidad de habitantes, rondan los 9000. El desarrollo económico tiene una relación directa con estas cifras.
Estimaciones de mercado hablan de posibles inversiones en el sector de entre USD 100 millones y USD 400 millones en caso de que se abra una puerta en esta legislación.
