La Municipalidad de Punta Arenas y la Municipalidad de Natales han sido las únicas entidades públicas de Magallanes que se han referido al escándalo de las licencias falsas o mal utilizadas por parte de funcionarios de reparticiones del Estado.
El resto de los municipios, el Gobierno Regional y el Servicio de Salud no han emitido ninguna reacción. Algo que llama la atención poderosamente, ya que se entiende como un deber de las propias oficinas y sus encargados el dar a conocer la información, emitir un comunicado de prensa, o al menos responder a las consultas de los medios de comunicación. Algo que a una semana de haber explotado la noticia aún no hacen.
En la Región de Magallanes las reparticiones públicas en donde existen funcionarios y funcionarias vinculadas con el escándalo son el Gobierno Regional de Magallanes, la Municipalidad de Torres del Paine, la Municipalidad de Punta Arenas, el SLEP Magallanes, la Municipalidad de Natales, la Municipalidad de Porvenir, la Municipalidad de Primavera, la Municipalidad de Laguna Blanca, la Municipalidad de Cabo de Hornos, la Municipalidad de Timaukel, el Servicio de Salud Magallanes, la Municipalidad de Río Verde, y la Municipalidad de San Gregorio.
A esta altura se hace inentendible que los responsables de la función pública a nivel regional no estén a la altura de un comportamiento adecuado en términos de transparencia, ahondando aún más la sensación de desconfianza que existe en la opinión pública. Y por otro lado, la obligación de las autoridades a la cabeza de cada una de las reparticiones relacionadas con la presentación de licencias falsas o directamente su mal uso.
En todo caso, la reserva de las identidades de los funcionarios y funcionarias responsables debería levantarse en los próximos días. Por mientras, es prioridad que alcaldes, gobernadores y directores de servicios enfrenten a los medios de comunicación (como han hecho solo dos alcaldes hasta el momento), entreguen la información que se les requiere, y den a conocer las acciones que están llevando a cabo frente al fraude, y también colaborar con el restablecimiento de la transparencia en un tema tan extremadamente delicado como el que está viviendo el Estado de Chile en estos días.
