«Estamos devastados y consternados por la decisión del Juzgado de Letras y Garantia de Porvenir que, tras acoger la impugnación de solo dos acreedores en contra de un acuerdo de reorganización judicial que se aprobó con una gran mayoría del 92%, condena a Nova Austral a su liquidación como empresa. Este fallo nos parece totalmente irresponsable ya que dejará en el corto plazo a más de 800 familias sin su principal sustento, y eliminará los cerca de 3.500 empleos directos e indirectos que Nova Austral aporta a la comunidad de Porvenir», señalan en su declaración los trabajadores de la empresa pesquera.
Al mismo tiempo, en el texto señalan que «nos Ilama la atención que un tribunal tome una decisión de forma tan liviana sin sopesar el impacto social y económico que generará en la provincia, en un contex1o en el que no existe ningún plan de contingencia por parte de las autoridades para amortiguar la pérdida de nuestros puestos de trabajos. De hecho, hemos visto como mes a mes empresas que operan en la regiôn de Magallanes cierran sus puertas, por lo que esperamos que la decisión irresponsable del tribunal logre revertirse lo antes posible para así evitar una catástrofe social sin precedentes en la zona».
Por otra parte, la declaración aduce que «como trabajadores de Nova Austral queremos reiterar el absoluto apoyo a nuestro empleador para que emprenda todas las acciones a su disposiciôn con el objetivo de evitar su liquidación, ya que hoy es el motor de la economia de Porvenir. Después de tantos esfuerzos desplegados en estos últimos cuatro años para evitar castigos desproporcionados y mejorar al máximo los estándares de cumplimiento y medioambientales, no bajaremos los brazos, sobre todo que en los últimos meses la empresa ha estado operando bien y cumpliendo sus objetivos de producción.
Cabe señalar que el Juzgado de Garantías de Porvenir declaró en quiebra la empresa y ordenó su liquidación. Esto luego de que dos proveedores de la empresa impugnaran el acuerdo de reorganización que había presentado la empresa ante su situación económica. Ejecutivos buscan revertir la decisión ante la Corte de Apelaciones.
