Al final de la jornada de este miércoles el municipio de Puerto Natales todavía no entregó una respuesta oficial a la contratación directa de los servicios legales de la ONG FIMA por más de $7 millones.
La noticia fue dada ayer martes por El Líbero y tuvo amplia repercusión en Magallanes. En lo concreto el municipio que conduce Antonieta Oyarzo contrató de manera directa los servicios de asesoría jurídica de la ONG que ahora se encuentra envuelta en la polémica por haber recibido tratos similares con 9 municipios a lo largo de todo Chile. Un monto total que ronda los $70 millones.
Todo esto en un escenario muy caldeado por las filtraciones de información que indican que un grupo de ONGs obtuvieron millonarias sumas a través de “contrato directo” de parte de municipios que tienen sintonía política con el gobierno de Gabriel Boric.
En los papeles FIMA es una ONG que se interviene en casos de la industria en donde podría haber faltas a la ley ambiental. Lo real es que tiene un rol relevante en el entrampamiento de procesos de desarrollo por variados motivos que se relacionan con el medioambiente y las poblaciones involucradas. Por caso, en Magallanes intervino en el cierre de la mina Invierno y en el de la planta Dumestre de Australis.
Puerto Natales contrató sus servicios en agosto de 2022 para un asesoramiento. Hasta el momento sólo ha trascendido que podría tratarse de una investigación vinculada a los humedales en la zona.
Su contratación resulta cuando menos extraña.
Oyarzo declaró en más de una oportunidad que el municipio está quebrado. Por otra, el propio municipio cuenta con un plantel de 4 abogados permanentes y al menos 2 más en Cormunat, con lo cual queda en claro que un equipo de 6 abogados en plantilla no fueron suficientes para analizar desde lo institucional las necesidades medioambientales de la comuna.
Además, Natales tiene tareas pendientes con un relleno sanitario inconcluso que a la fecha lleva consumidos más de $5000 millones y un vertedero que ha sido cuestionado por el Tribunal Medioambiental de Valdivia.
Así las cosas, a pesar de la profusa información publicada en las últimas horas donde el municipio de Natales aparece mencionado, desde la Alcaldía Ciudadana no ha salido una sola palabra.
La concejala Verónica Pérez adelantó que pediría una sesión extraordinaria de Concejo Municipal que este miércoles no tenía agendada su reunión de todas las semanas. Finalmente la sesión extraordinaria no se realizó.
Tampoco los demás concejales se han manifestado por un tema que podría tener implicancias legales.
Hasta donde se sabe la fiscalía de Natales no inició acciones de oficio relacionadas a este caso.
La Tercera informó que Contraloría General de La República (CGR) “formuló reparos al contrato que firmó la Municipalidad de Ñuñoa con la ONG FIMA en el marco de la disputa judicial que inició en contra de los proyectos de Fundamenta Eco Egaña Comunidad Sustentable y el centro comercial Mall Vivo Santiago Etapa II”.
Es decir, los contratos de FIMA ya están en la mira de Contraloría en otras regiones del país.
¿Qué es lo que realmente se cuestiona? Los contratos con FIMA bajo operaciones administrativas de “compra directa” se repiten una y otra vez en numerosos municipios. En principio, revela un modus operandi que no es extraño en la política latinoamericana.
Sin embargo, el presidente Boric había advertido que esto no ocurriría bajo su gobierno. Una bandera que también levantó Oyarzo en su campaña y que ahora todo indica no cumplió.
Dice La Tercera respecto de Nuñoa: “En su dictamen, el contralor de la Región Metropolitana, Carlos Frías, concluyó que “de los antecedentes tenidos a la vista, aparece que tanto en los decretos alcaldicios que autorizaron las respectivas contrataciones directas como aquellos que aprobaron los contratos con FIMA no se contemplaron los motivos de la contratación, además de la verificación de la idoneidad técnica del prestador, conjuntamente con las razones por las cuales las funciones no podían ejecutarse por personal de la entidad”.
Finalmente la Controlaría invalidó los contratos con el municipio e instruyó a que se inicie un proceso disciplinario, informó CNN.
“El contrato entre Ñuñoa y ONG FIMA asciende a $16,2 millones, pero a lo largo de los meses la organización no gubernamental ha cerrado acuerdos de asesoría legal con otros municipios. Según publicó El Libero, la ONG FIMA tiene otros convenios con Maipú ($16,6 millones), Quilicura ($4,5 millones), Cerrillos ($7 millones), Peñaflor ($8,4 millones), Estación Central ($1,5 millones), Villa Alemana ($1,5 millones), Santa Bárbara ($1,7 millones), Natales ($7,8 millones)”, recuerda El Líbero.
Ahora bien respecto de Nuñoa FIMA apuntó a algún tipo de “problema administrativo” y asegura que fue convocada por el municipio.
“Los trabajos contratados fueron la investigación, preparación de la estrategia jurídica y confección de documentos para llevar adelante la defensa de los intereses públicos de la Municipalidad en la protección del medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos en casos de alta complejidad. El monto total de ambos contratos fue de $5.263.278 y $6.319.800 respectivamente, considerando todas las instancias administrativas y judiciales, con una duración aproximada de 3 años”, señalaron en una declaración pública.
“Respecto de la resolución de Contraloría que señala que habría existido un problema administrativo en la contratación, esperamos las vías de solución que pueda llevar a cabo la Municipalidad mientras seguimos trabajando sin interrupciones en la defensa del medio ambiente de la comuna”, agrega.
“FIMA litiga en pos del interés público y de las comunidades en los principales conflictos socio-ambientales de Chile”, indica la ONG en su página web.
Los natalinos todavía no se saben qué intereses defendió FIMA en su ciudad.
