Más de un 80% de la población votó a favor de redactar una nueva Constitución para Chile.
En este escenario un tema fundamental será de qué forma incorporamos la educación como un derecho universal, gratuito y garantizado por el Estado de modo que sea una obligación prioritaria para todos los gobiernos que vengan.
Sobre este tema desde la ciudadanía, y de todos los mundos políticos, matices más, matices menos, han manifestado su voluntad por tener una educación pública de calidad y universal como ocurre en la mayoría de los países del mundo desarrollado.
Es así como la implementación del nuevo Sistema de Educación Pública a través de los servicios locales en la Región de Magallanes, en este periodo de cambios constitucionales y al medio de una pandemia, no parece del todo razonable, ya que el Chile de hoy, es muy distinto al Chile de antes del 18 de octubre de 2019.
El levantamiento social puso en el centro de la discusión pública la desigualdad abismante que existe en nuestro país, y los niveles de abusos permanentes en diversos ámbitos de la sociedad, cuestión que en materia de educación también es una realidad.
De este modo pretender instalar los Servicios Locales de Educación en la región de Magallanes, en uno de los momentos más complejos de la historia de nuestro país, donde estamos sumidos en una crisis muy profunda , tanto del punto de vista de la gestión de gobierno, como también en el ámbito económico-social, sumado a una crisis sanitaria universal, a nuestro entender, es solo añadir un nuevo conflicto a un periodo que por constantes desaciertos, a estado repleto de estos errores emanados de la falta de cautela, y la nula conexión con los territorios y sus realidades diversas.
Magallanes es una región distinta a cualquier otra de nuestro país, y nuestra geografía es compleja, por tanto, el implementar una sola oficina en el centro de Punta Arenas y desde ahí pretender administrar todas las escuelas de la región es una idea que solo puede venir desde algún tecnócrata de Santiago que no tiene idea de la realidad de una región austral y agreste como la nuestra.
A esto se suma las innumerables falencias detectadas en los 11 lugares de Chile donde se ha puesto en marcha blanca el sistema, que van desde los problemas de financiamiento que se repiten en el nuevo modelo, hasta la poca capacidad de respuesta a problemas cotidianos, como las plagas en las salas de clases o la reparación de los baños.
Las marchas blancas son precisamente para determinar cuáles son los errores de los sistemas y cómo mejorarlos, y por tanto, si un informe oficial entregado este mes al presidente de la república, detalla en extenso una lista de problemas en la instalación del nuevo sistema, lo razonable sería detener un tiempo el proceso de instalación, y reparar los errores detectados para luego de unos años, continuar bajo un nuevo contexto mejorado, donde además tendremos una nueva Constitución que evidentemente va a regular de manera distinta la educación en Chile.
Algunos de los objetivos que debiese buscar el nuevo modelo educativo es el fortalecimiento de la educación pública asumiendo la calidad como eje principal del sistema, revertir el modelo de mercado y el actual sistema estandarizado que rige la educación chilena, terminar con el financiamiento por subvenciones variables, estableciendo presupuestos permanentes y universales que permitan una adecuada planificación anual, involucrar a las comunidades educativas en su conjunto el proceso de enseñanza con participación efectiva centrando en el alumno el foco y no en los problemas administrativos por falta de recursos financieros, resguardar los derechos laborales de los trabajadores del sistema, entre otros puntos.
Para ello, debemos unir el trabajo para suspender este proceso de instalación hasta que se tengan las garantías de que estos objetivos básicos serán garantizados bajo el alero de una Nueva Constitución que nos represente realmente como sociedad.
