Este martes el Senado rechazó la acusación constitucional presentada en contra del Presidente Sebastián Piñera, tras un extenso e inédito juicio político llevado a cabo por el Pleno a raíz de supuestas irregularidades en la venta del proyecto minero Dominga en un paraíso fiscal.
Apenas unos días antes de las elecciones del 21 de noviembre, se requerían 29 votos para destituir al Mandatario -es decir, toda la oposición en bloque más cinco oficialistas-, pero a mitad de la votación se confirmó que ya no se alcanzaría el quórum necesario.
Cuando todavía resta conocer la decisión de varios senadores, los 14 votos en contra y una abstención planteados hasta las 20:24 horas por parte de los congresistas oficialistas son ya suficientes para dar por rechazado el libelo, que ha obtenido 17 votos a favor.
De esta forma, Piñera podrá seguir gobernando por los cuatro meses que le quedan para terminar su segundo mandato no consecutivo el 11 de marzo de 2022.
Al inicio del juicio, durante la mañana, expusieron sus argumentos una terna de diputados –Gael Yeomans (CS), Leonardo Soto (PS) y Gabriel Silber (DC)- que representó a la Cámara Baja, órgano que la pasada semana aprobó de forma histórica -y con los votos justos (78 de 155)- la admisibilidad del libelo y, en consecuencia, que prosiguiera el juicio político, y posteriormente intervino el abogado de Piñera, Jorge Gálvez.
A las 15:00 horas se inició la votación final, en la que cada uno de los 43 senadores ha tenido 15 minutos para argumentar, aunque la mayoría de ellos ha utilizado menos tiempo y algunos se limitaron a informar su voto sin fundamentar.
Se trata del segundo intento de juzgar políticamente a Piñera, tras el fallido conato de noviembre de 2019 por presuntas violaciones a los derechos humanos en medio del estallido social.
Es, además, el segundo Presidente en ejercicio que encara un juicio político, tras la causa desestimada contra Carlos Ibáñez del Campo en 1956.
La acción contra Piñera fue ingresada por diputados de oposición el pasado 13 de octubre a raíz de una publicación de los «papeles de Pandora», a cargo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en colaboración con los medios chilenos Ciper y LaBot, que reveló días antes presuntas irregularidades en una venta que Piñera hizo en 2010 de su participación en el megaproyecto minero-portuario Dominga al empresario y amigo de la familia presidencial Carlos Alberto «Choclo» Délano en una operación de 152 millones de dólares.
La Fiscalía Nacional decidió iniciar una investigación penal de oficio contra el Mandatario para arrojar luz sobre esta transacción, que contenía una condición de pago de una tercera cuota vinculada a políticas ambientales y fue realizada en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los principales paraísos fiscales del mundo, poco después de que Piñera comenzara su primer periodo de Gobierno (2010-2014), según el ICIJ.
El texto de la acusación, que consta de 99 páginas, se fundó en dos capítulos: el primero, por vulneración al «principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación» y el segundo por haber «comprometido gravemente el honor de la nación».
Según sostiene el documento, «el Presidente de la República infringió abiertamente la Constitución y las leyes al cometer actos de su administración que vulneran los artículos 8 y 19 n°8 de la Constitución Política de la República», esto es, que cometió «actos de su administración que vulneran el principio de probidad y el derecho a vivir en un medio libre de contaminación».
El segundo capítulo acusatorio, en tanto, imputa que el «Presidente de la República, ha comprometido gravemente el honor de la nación al incumplir obligaciones jurídicas internacionales, así como un grave daño reputacional a la institución de la Presidencia de la República».
