Ha pasado casi una semana desde que ocurrió la grave denuncia por una agresión sexual en contra de un funcionario de la delegación natalina. Una semana y pareciera que no existe la responsabilidad política sobre el hecho. Si no hubiera sido por algunas publicaciones la noche del jueves, lo cierto es que difícilmente habría habido alguna reacción oficial.
Es lamentable, e increíble, el poco peso que se le toma a lo extremadamente grave del caso en cuestión.
Lo cierto es que se escondió el hecho hasta que se hizo público. Así de simple. El delegado presidencial, José Ruiz, tenía conocimiento de lo ocurrido e instruyó a la seremi de Sernameg, Alejandra Ruiz, que viajara urgente el lunes pasado a afrontar el tema de manera interna. En el comunicado se dice que la autoridad provincial hizo inmediatamente la denuncia a la Policía de Investigaciones, pero ese día la delegada provincial seguía en viaje a Natales desde Puerto Edén. Tampoco se informa respecto de los procedimientos administrativos, separación de sus funciones, sumario, tiempo de investigación, etc.
Peor aún, el comunicado no es firmado por nadie, y solamente lleva un encabezado que dice «Declaración Pública, Delegación Provincial de Última Esperanza». Como si no existiera autoridad política en esa repartición. Menos ha salido a hablar la seremi de Sernameg, y ni decir del delegado presidencial que pareciera no tiene las competencias para afrontar situaciones extremas como la que se está viviendo en una de las provincias de la región bajo su mandato. Es más, la persona acusada fue un funcionario de confianza, llevado a ese puesto por la delegada provincial, que es la representante del Gobierno en Última Esperanza.
Da la impresión que todos quieren lavarse las manos. No asumir nada ni enfrentar la realidad. También se ve que la cadena de responsabilidades dentro de un esquema administrativo en el servicio público, aún cuando son personas elegidas a dedo y por cupos de partidos políticos, sencillamente no se entiende o se desconoce.
Está bien, y es obvio, proteger a la víctima. También hubiera sido lo correcto llevar adelante un proceso investigativo y luego tomar decisiones. Pero tenían que comunicar, dar a conocer lo que había ocurrido. Y no lo hicieron.
Deben tomar acciones que estén acordes a los hechos denunciados. Y las responsabilidades políticas hay que asumirlas. Es probable que esta falta de experiencia no les permita entender el grado de responsabilidad que tiene una autoridad, pero es hora de que alguien se los haga ver.
A todos, desde la Delegación Presidencial, pasando por la Provincial, asesores, jefes de gabinetes, amigos y todo aquel que trabaje en el Gobierno pensando que estas cosas pueden «pasar coladas».
Es sabido que hace un tiempo que las cosas no están bien en la repartición natalina, y en los últimos días desde los propios partidos políticos con representación en dicha provincia han insistido en un cambio de autoridad. Veremos qué se hará y si realmente sopesan el grave escenario en el que están.
