Regular y transparentar el lobby y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) es el propósito de un proyecto de ley que abre un amplio debate sobre el tema, y que revisaremos en la siguiente nota.
En Chile existen 42.352 ONGs registradas en el Ministerio de Justicia. En el gran abanico de ONGs hay multinacionales de enorme poder económico y político, que tienen como bandera de lucha la protección del medio ambiente. Pero también hay organizaciones nacionales que se financian a través de entidades públicas, como municipios, para litigar contra diversos proyectos de infraestructura e inmobiliarios.
Un caso reciente fue el polémico rechazo del gobierno al proyecto minero Dominga, en la Región de Coquimbo, que contó previamente con una férrea oposición de muchas ONGs.
El proyecto de $US 2.500 millones era respaldado por el alcalde de La Higuera, pescadores y gran parte de la comunidad por sus beneficios.
La arremetida pública fue liderada por la multinacional Océana, entidad con sede en Washington y presencia en 14 países, entre ellos Chile.
Océana es la mayor organización internacional dedicada a proteger los océanos. Fue creada en 2001 por The Pew Charitable Trusts, Oak Foundation, Marisla Foundation y el Rockefeller Brothers Fund.
Sus dardos los apuntan contra diversas actividades productivas, entre otras, la industria de la salmonicultura, a la que acusa de abusar del uso de antibióticos.
Solo en 2022 participaron en más de 20 audiencias de lobby ante autoridades de gobierno y parlamentarios.
Greenpeace, otra multinacional, ha impulsado la denominada “Patagonia sin Salmoneras”. En la provincia de Tierra del Fuego lograron su objetivo y se prohibió todo cultivo de salmones.
En Chile, ha desembolsado millonarios recursos -no han sido transparentados- para crear el documental “Por Aquí No” con los actores Benjamín Vicuña y Carolina Arregui.
La Asociación de Salmonicultores de Magallanes hizo el reportaje “Así No” con pescadores artesanales, de las comunidades Kawésqar y científicos desmintiendo diversas afirmaciones.
Los abogados de Greenpeace buscaron censurar y bajar este último video, llegando incluso a la Corte Suprema. Sin embargo, su alegato fue rechazado en todas las instancias.
No obstante, existe un alto nivel de coordinación entre las diversas ONG para impulsar “Patagonia Sin Salmoneras”.
En su memoria anual del año 2021, la entidad reconoce la existencia de 13 litigios asociados a proyectos de acuicultura. Varios de ellos con apoyo de Océana y Greenpeace.
PEW Charitable Trust es otra multinacional muy poderosa con más de US $6mil millones en activos. Su misión es «mejorar la política pública, informando al público y fortaleciendo la vida cívica».
En nuestro país impulsa el proyecto “Patagonia Chilena”, a través de una amplia red de ONGs, universidades y organismos públicos. El objetivo es crear más parques y reservas que no permitan actividades productivas.
El Programa Austral Patagonia de la Universidad Austral tiene un costo de casi $2 mil millones y fue financiado por PEW. Esta iniciativa, a su vez, colabora con CONAF en la implementación de diversas iniciativas para mejorar la gestión de áreas silvestres protegidas.
De esta forma, utilizando fondos de PEW se influye en las políticas de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas en la Patagonia de Chile, explican fuentes conocedoras del tema.
El ex ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, -premiado por PEW- valoró el aporte de las ONGs, por su “capacidad para levantar los informes técnicos que cuestan mucha plata, mucho tiempo y mucha ciencia”.
“Nuestra fortaleza fue identificar y ordenar su ímpetu. Con Pew trabajamos en Isla de Pascua; con Oceana y Nat Geo, en Juan Fernández y Cabo de Hornos; con WCS para Seno Almirantazgo, y para Tortel con Oceana nuevamente”, afirmó Mena en 2018 siendo ministro y días antes de asumir un cargo en el Banco Mundial.
Sin embargo, aclara que “sin duda tienen capacidad de lobby como otros actores. Es legítimo que ellos y todos se sienten en la mesa y con transparencia coloquen su posición sobre la mesa para poder ponderarla con respecto a otros grupos de interés”, dijo en otra entrevista ese año.
El proyecto justifica la regulación a las ONGs en que “ejercen sus actividades para representación, defensa y promoción de sus intereses y fines”.
Para ello, “participan habitualmente en diálogos con autoridades y funcionarios públicos para lograr incidencia en las decisiones que les corresponde adoptar en el ejercicio de sus funciones y competencias”. “En reiteradas ocasiones estas instituciones han sido convocadas a participar en las discusiones legislativas en este Congreso Nacional”, indica el proyecto.
“Sin embargo, atendida la continua necesidad de más transparencia, publicidad, probidad y una mejor regulación en las relaciones entre entidades privadas y públicas, es menester preguntarse qué intereses, personas, poderes y recursos se encuentran detrás de estas instituciones”, plantea el diputado Calisto.
El proyecto establece que “es indispensable para la probidad que la relación entre las entidades privadas que se vinculan a los organismos públicos para incidir en la toma de decisiones, sean lo más transparentes y públicas posibles”.
En este sentido, “resulta imprescindible que la ciudadanía, autoridades y funcionarios conozcan las forma y procedencia del financiamiento de las organizaciones no gubernamentales que operan en nuestro país para efectos de prevenir y fiscalizar de mejor manera eventuales situaciones irregulares, como, por ejemplo, conflictos de interés, encubrimiento de actividades ilícitas, tráfico de influencia, entre otras”.
Para ello incorpora un nuevo inciso al actual artículo 10 de la Ley N°20.500:
“Asimismo, las organizaciones no gubernamentales deberán inscribir anualmente en el Registro de ingresos y mecanismos de financiamiento, incluyendo a lo menos los montos, procedencia u origen y, si corresponde, la identificación del o los aportantes. Para estos efectos, el reglamento determinará las características que debe reunir una organización para ser considerada una organización no gubernamental, la forma y oportunidad para dar cumplimiento a la obligación”.
También modifica la ley 20.730 para “proporcionar, en el caso de las personas jurídicas sujetas a la obligación del inciso segundo de la Ley 20.500, copia de la información ingresada al Registro Nacional de Personas Jurídicas sin Fines de Lucro relativa a sus ingresos y financiamiento”.
“En caso de que esta información no se proporcione, no esté actualizada o no haya sido registrada, la audiencia deberá ser denegada”, señala.
