Los diputados Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Nelson Venegas y Jaime Naranjo, de la bancada del Partido Socialista (PS), anunciaron este miércoles una contraofensiva constitucional contra varios parlamentarios que, según afirmó The Clinic, han hecho contratos con el Estado.
Esto, en respuesta a la destitución de la histórica militante y senadora socialista Isabel Allende por parte del Tribunal Constitucional (TC) tras un recurso interpuesto por Chile Vamos y el Partido Republicano, tras la fallida compra de la casa de su padre, el fallecido Presidente Salvador Allende (1970-1973), por parte del fisco.
Un reportaje de The Clinic reveló ayer que cinco diputados y senadores han mantenido acuerdos con el Estado que implicaron pagos con dineros públicos: los senadores Juan Castro (Partido Social Cristiano), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Fidel Espinoza (PS), y los diputados Jaime Mulet (Federación Regionalista Verde Social) y Ximena Ossandón (Renovación Nacional).
En una rueda de prensa, Manouchehri afirmó que, dado el precedente jurídico en el caso de Allende, el TC debería actuar de manera similar con los contratos de los mencionados congresistas.
«Hay un precedente jurídico y, ante ese nuevo precedente jurídico, se tendrá que aplicar el mismo criterio, creemos. Si el TC destituyó a Isabel Allende por un contrato que no fue consumado, imagínese cuál debería ser el criterio del TC con contratos que se ejecutaron y que se encuentran, muchos de ellos, en este momento en ejecución«, dijo el diputado.
«Nosotros vamos a analizar los antecedentes para poder ir al TC y poder comenzar la recolección de las firmas para esto», agregó Manouchehri.
También dijo que ya no tiene sentido pedir la renuncia de la abogada Francisca Moya, jefa de la División Jurídico Administrativa de la Segpres, por el escándalo de Allende, luego de que reconociera que sabía que la compra del inmueble no estaba permitida, pero que no informó al Presidente Gabriel Boric porque no era su rol.
