Nota de El Líbero
El Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades del Ministerio de Hacienda, se convirtió en una herramienta fundamental para la fiscalización del llamado Caso Convenios. Este tiene como finalidad recopilar y publicar las transferencias de fondos públicos que se efectúan desde órganos del Estado a instituciones, fundaciones, corporaciones, organizaciones sin fines de lucro y otras personas jurídicas. Es decir, las cuestionadas secretarías regionales ministeriales (seremis) y gobiernos regionales, entre otros, deben registrar ahí el monto, destinatarios y proyectos que financian con recursos públicos.
Si bien la ley obliga a los órganos del Estado a mantener actualizado este registro, algunos gobiernos regionales simplemente han omitido esta obligatoriedad.
Hasta hace algunos días el sitio dedicado a la Región de O’Higgins sólo registraba una transferencia correspondiente al año 2009. El Gore de Biobío, en tanto, no publica la información desde 2018 y en Magallanes sólo mantienen dos traspasos de dinero del año 2022. Otros gobiernos regionales han realizado cargas masivas de información en los últimos días y a algunos les falta actualizar años anteriores.
El control sobre las platas que manejan los gobiernos regionales estuvo en la palestra la semana pasada durante la discusión del proyecto de ley de rentas regionales, el que originalmente buscaba darles mayor autonomía presupuestaria a los Gores en pos de la descentralización. Sin embargo, debido a los problemas que han tenido con asignaciones a fundaciones -varias de ellas indagadas por el Ministerio Público-, el Ministerio de Hacienda presentó 23 indicaciones a la iniciativa, en orden a aumentarles las barreras en la entrega de dinero.
Si bien los gobiernos regionales mencionados en este artículo explicaron a El Líbero que estos vacíos de información se deben a que están publicando los datos en otros enlaces, para Chile Transparente existe una falta administrativa que se podría sancionar.
El Gobierno Regional de Magallanes registra sólo transferencias del año 2021, pero subidas al registro en 2022 (a la Fundación de Desarrollo Educacional y Tecnológico La Araucanía). Consultado el Gore por El Líbero, sólo afirmaron que “la información se encuentra en proceso de actualización” y afirmaron que han publicado transferencias en un link dentro de la División de Presupuesto e Inversión Regional en su web institucional.
El citado enlace permite bajar planillas de excel donde no se detalla el tipo de proyecto financiado y su responsable, como sí aparece en el Registro de Colaboradores.
En Magallanes la Fiscalía está indagando la entrega de recursos a ProCultura y la fundación Hernando de Magallanes, y hace unos días se levantó una polémica en la región cuando el administrador regional, Christián García, dijo en Radio Polar que la Fiscalía era “farandulera” por haber anunciado las indagatorias. García sostuvo que él, el gobernador Jorge Flies “y la Dipres” fueron “los autores intelectuales” de la nueva estructura presupuestaria de los gobiernos regionales que flexibilizaba la entrega de recursos a terceros.
“Gran parte de estas fallas de control es de Contraloría. Aquí aparece la Contraloría, Fiscalía, todos pegándole al Gobierno Regional, pero son todos tanto o más culpables que el Gobierno Regional por la falta de control”, afirmó.
