A través de una presentación efectuada el día de ayer, el Consejero Regional Electo, Alejandro Riquelme Ducci, ingresó a Contraloría una Solicitud de Pronunciamiento de legalidad del Convenio suscrito entre El Gobernador Regional Jorge Flies y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados que se denomina: CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA Y LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS”, firmado el 15 de diciembre del año 2021.
A juicio del Consejero , próximo a asumir en Marzo, señaló en su presentación a contraloría que el “Gobernador Regional de Magallanes y la Antártida chilena, se ha extralimitado en sus funciones, al no contar con la atribución de firmar en representación del gobierno regional de Magallanes y la Antártida chilena, ni como Gobernador Regional, convenios con organismos internacionales, como el ya citado, siendo esta materia o competencia exclusiva del presidente de la república y los ministerios de su dependencia.”
Recalcó además en su solicitud que “el Gobierno Regional posee la única atribución de “participar” de convenios ya suscritos por el ejecutivo y no; de suscribir estos a título propio y en reemplazo de las atribuciones del Presidente de la República y los Ministerios de su dependencia, en materia de Política Internacional y Migratoria.
Alejandro Riquelme, había solicitado copia del Convenio amparándose en la ley de Transparencia, al tomar conocimiento de su existencia, cuando fue ampliamente difundido por medios de prensa regional, pero se desconocía sus contenidos y alcances. Sin embargo, el 9 de febrero de este año a le fue negada copia del Convenio y no fue entrega. Riquelme se enteró a través de Oficio de Respuesta N° 174 de 08 de febrero de 2022 del Gobernador Regional (s) Christian García, señalando que “…el documento solicitado se trata de un antecedente previo a la dictación de la Resolución que aprobará dicho convenio, por lo que se encuentra afecto a la reserva señalada hasta la total tramitación del acto administrativo”. Esto a pesar que el Convenio fue firmados el 15 de diciembre del año pasado, y solo fue informado a la opinión pública y en el portal del Gobierno Regional, la última semana de enero de este año.
Riquelme, espera que Contraloría llegue a la conclusión, según el mismo señala en su petición: “declarando que es contrario a derecho e invalido y exceder además las facultades legales, de las que está investido el Gobernador Regional.”
