¡Pero que falta de respeto, ministro Grau!. A esta altura de los acontecimientos resulta difícil sostener otro tipo de expresión. El gobierno de Gabriel Boric se ha caracterizado por ubicar a militantes verdes radicalizados en puestos claves de la producción nacional. No en el cobre o el litio. Tampoco en el turismo receptivo y de servicios. No en la producción de frutas. No en los vinos. Es decir, regiones en las que no tiene un interés “ambiental” o que acepta tener pobladas.
En cambio, en el sur del país, las líneas militantes se dejan sentir fuertemente contra la acuicultura, la pesca industrial y ya comienzan a escucharse rumores negativos acerca del hidrógeno verde y las centrales informáticas.
Lo que parece una idea romántica (crear parques que abarquen regiones enteras, despejar la X poblacional, quitar de en medio a las empresas aun a costa de las economías locales) puede terminar convirtiéndose en una catástrofe.
Detrás de las primeras advertencias, por parte del presidente Boric, sobre la salida de la salmonicultura de Magallanes, se fue extendiendo una sombra que amenaza la vitalidad de la pesca industrial.
Hace apenas unos días, llegamos a un punto crítico, cuando nos enteramos que el Subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó datos erróneos al Congreso en el momento en que se discutían las cuotas de pesca de la merluza. Los datos falsos derivaron en nuevas cuotas o al menos las fundamentaron perjudicando de manera brutal las actividades de una empresa como Pacific Blu que anunció el cese de sus actividades para enero de 2026 con la pérdida de unos 3600 empleos en la región del Bio Bio.
El subsecretario había informado que el sector industrial capturó en 2024 el 61% de la cuota establecida, una cifra errónea puesto que, según el sector, el porcentaje sectorial era del 93% y en algunas empresas llegaba al 99%.
Es el mismo Salas que contrató al abogado Ignacio Martínez Jaude para que redacte la ley de Acuicultura, un texto que por lo poco que se pudo leer apuntaba a terminar con la actividad en el territorio chileno. Una locura y una falta de respeto.
Tanto Salas como Martínez Jaude funcionan, en definitiva, bajo la órbita de el ministro de economía Nicolás Grau. Y fue Grau quien le dio a los representantes de la Multisectorial del Salmón, la noticia de que la polémica ley ya no se escribiría. Que había llegado al final de proceso sin pena de ni gloria.
Queda preguntar quién responde por los recursos gastados por parte del Estado en una ley mal encarada desde sus inicios y en cuya elaboración también participaron funcionarios de la Universidad Austral y la ONG PEW. Una ONG que, dicho sea de paso, se opone a las actividades económicas en la Patagonia. Otro delirio. Otra contradicción.
«Los hechos y circunstancias que permiten sostener que el proceso de elaboración de
un Proyecto de Nueva Ley de Acuicultura padece de serias y graves falencias y anormalidades, que no permiten garantizar que los entes y personeros del Estado que lo están llevando adelante actuarán en función de los principios de la ética, buena fe, probidad, transparencia y objetividad que debe guiar su conducta, son, muy resumidamente, los que señalamos a continuación», señalaron en 2024 en un documento diversos gremios del mar en un documento entregado a Controlaría General de la República.
De manera que si fuera por Salas y por Martínez Jaude la pesca industrial y la acuicultura no formarían parte de la economía chilena. Está clarísimo.
Se calcula que la acuicultura y la pesca industrial en conjunto representan más 70 mil empleos en el país. Es casi incómodo preguntarse si los funcionarios de gobierno conocen este dato y saben lo que significa. La pesca industrial representa alrededor de USD 1000 millones anuales y la salmonicultura otros USD 6500.
Irónicamente, este tipo de esfuerzos por cerrar estas industrias corren hoy por cuenta de un funcionario que quizás mañana o pasado ya ni si quiera forme parte del gobierno y cuando este gobierno deje el poder acaso pocos recuerden a los autores de semejantes “vocaciones”.
Horas atrás el ministro Grau descartó la salida de Salas y alentó una nueva votación en el Congreso para remediar el tema de las cuotas. Pero no se trata de las cuotas, se trata de la ignorancia peligrosa de quienes tienen en esta instancia el destino de miles de puestos de trabajo y, al final, el desarrollo del país.
